Santiago Peña no está de acuerdo con revisión de su enriquecimiento durante pausa política

El presidente Santiago Peña respondió con evasivas al ser consultado si está dispuesto a transparentar su crecimiento patrimonial correspondiente al “periodo oscuro” que denomina la oposición a los años comprendidos entre el 2017 y 2023 que no auditó la Contraloría General de la República (CGR).

“Mi patrimonio está totalmente transparentado, se hizo totalmente transparentado, o sea, toda la información, la trazabilidad de cuentas es del año 2014 que fue el año de mi primera presentación. Estamos hablando de años, años, de información”, alegó.

Al ser insistido sobre la exclusión que hizo la Contraloría de los años en que justamente su patrimonio saltó de G. 1.007 millones a G. 23.024 millones respondió: “Porque yo era un ciudadano privado”.

Asimismo desconoció que aún era una persona políticamente expuesta en el 2017, aunque la resolución N.° 050 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establece que el periodo de monitoreo de autoridades debe extenderse por un periodo de dos años después de dejar el cargo y Peña había renunciado como ministro de Hacienda en junio de 2017.

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“Yo estoy de acuerdo que se cumpla la Ley. Nosotros tenemos que ver la legalidad, porque o sino nosotros tenemos que empezar a entrar en el campo privado de todos los ciudadanos”, espetó. “Ya rendí cuentas, no vayas a decir que no rindo”, insistió el mandatario, confirmando así que no tiene voluntad de aclarar el origen de los más de los G. 20.000 millones que obtuvo en seis años dedicados al sector privado.

Como justificación del impactante crecimiento de su riqueza mencionó sus méritos y formación académica. Recordó su carrera de Economía, la maestría que hizo en Nueva York gracias a una beca de Japón, su dedicación al servicio público.

“Mi vida es pública, nunca tuve una denuncia cuando fui ministro de Hacienda, director del Banco Central, trabajé en el Fondo Monetario Internacional, en un organismo multilateral y vine a Paraguay a serviry en un momento de mi carrera decidió trabajar en el sector privado, en un sector privado que también mis adversarios políticos se encargaron de publicar mi salario que de por hecho eran muy abultados, o sea, no hay ningún secreto, aun cuando yo era un ciudadano privado, pero bueno son los riesgos de la política”, agregó.

Remata contra la prensa

Como es habitual, las preguntas que le incomodan redirige a los comunicadores con la intención de descalificar la consulta que se le realice como representante del Estado paraguayo.

“Vos sos periodista, ¿Vos estás dispuesta a hacerte un examen de correspondencia porque vos manejas mucha información y podríamos presumir de que vos como periodista tenés intereses oscuros y estás recibiendo dinero o del crimen organizado o de grupos? No sé, yo estoy seguro que el señor Rotela, no ha de ser una persona que está muy contenta con el Gobierno y dice voy a pagarle a esta periodista para que le ataque al presidente. Por qué no le hacemos un análisis de correspondencia de tu... ¿vos estarías dispuesta?”, lanzó.

De acuerdo con la resolución de la Seprelad, el periodo de monitoreo a las personas políticamente expuestas los dos años posteriores a dejar el cargo se debe a que podrían seguir teniendo influencia.

La medida busca asegurar que las instituciones financieras y demás sujetos obligados mantengan una debida diligencia sobre personas que, por la naturaleza de sus funciones anteriores, aún podrían representar un riesgo en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, según la resolución N.° 050, que ignoró la Contraloría.

Exigen pericia contable

Ocho legisladores de la oposición presentarán ante el Ministerio Público una solicitud de producción de pericia contable, una diligencia que obliga a que se analice el origen del dinero de Santiago Peña, durante los años que no estuvo en la función pública.

El pedido se da en el marco de la denuncia presentada ya en octubre del 2025. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recién esta semana, siete meses después y tras el dictamen de la Contraloría, decidió asignar un fiscal, es decir, se abrió la causa, y el elegido fue el agente Jorge Arce.

El presidente participó en la mañana de este viernes de la apertura de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados, y de la LXIII Reunión de Ministros de Justicia. En la ocasión dio un discurso de los desafíos de la región para luchar contra el crimen organizado.