Los ocho legisladores de la oposición presentarán hoy ante el Ministerio Público una solicitud de producción de pericia contable, una diligencia que obliga a que se analice el origen del dinero del presidente Santiago Peña, en el marco de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
La radicación de la denuncia fue ya en octubre del 2025 y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recién esta semana, siete meses después, decidió asignar un fiscal, es decir, se abrió la causa, y el elegido fue el agente Jorge Arce.
El pedido de que se realice una pericia tiene el objetivo de que se investigue el origen del enriquecimiento de Peña en el tiempo en que no ocupó un cargo público, ya que en solo seis años, el presidente tuvo un aumento de su patrimonio que pasó de G. 1.007 millones en 2017 a G. 23.024 millones en 2023.
La denuncia fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP); Ignacio Iramain, independiente; Esperanza Martínez, Partido Participación Ciudadana (PPC), y Rubén Velázquez, de Yo Creo; y por los diputados Raúl Benítez, independiente; Leidy Galeano, de Yo Creo; Johanna Ortega, de País Solidario, y Adrián Billy Vaesken, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La clave de la investigación, para los denunciantes, y que fue omitida por el informe de la Contraloría en el examen de correspondencia de bienes de Peña, es de dónde el presidente obtiene los G. 1.500 millones en 2019 para comprar acciones de Credicentro, que en 2025 negoció con ueno y recibió G. 4.400 millones.
En ese año, Peña trabajaba en el Banco Basa, entonces del ex presidente Horacio Cartes.
El abogado Felino Amarilla, que patrocina junto con la ex senadora y abogada Kattya González la denuncia de los legisladores, indicó que la sospecha es que el aumento del dinero de Peña tiene directa relación con el crecimiento del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Holding, donde el presidente tuvo acciones hasta marzo del 2025. Este es el hecho que la Fiscalía deberá investigar a partir de la denuncia y las pruebas acercadas.
COMPLICIDAD. Luego de que los legisladores hayan presentado la denuncia, la Fiscalía remitió la carpeta directamente a la Contraloría para su revisión, sin designar un fiscal.
Felino indicó que este hecho es ilegal, porque la Fiscalía por ley es la que tiene el monopolio de la investigación y de la acción penal. El procedimiento legal debió ser primero la designación de un fiscal y luego, la remisión de la denuncia a la Unidad de Delitos Económicos, no a Contraloría.
Pero la sospecha en este sentido es que hubo connivencia para maquillar el informe y acomodar el proceso durante estos siete meses, para poder comenzar la investigación. “Él (Rolón) está cediendo ilegalmente su competencia a una institución que en su obligación legal no está hacer lo que hizo”, manifestó Felino.
La Contraloría analizó solo los periodos en los que Peña ocupó un cargo público, primero como parte del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), luego como ministro de Hacienda, y después ya como presidente de la República, pero omitió los años en los que trabajó en el sector privado.
Esto es ilegal, según la oposición y el abogado Amarilla, porque Peña, al momento de realizarse su examen de correspondencia, no dejó de ser funcionario público.
“La Contraloría tiene que analizar las declaraciones juradas de los funcionarios al salir, y el presidente no dejó de ser funcionario público todavía, no termina el problema”, expresó Amarilla.
El abogado insistió en que este proceso de realizar el examen de correspondencia es para blanquear al presidente, porque se trata de un hecho ilegal en conjunto con la Fiscalía. “La Contraloría no investigó el origen de los fondos”, dijo.
Cuando Peña salió de la función pública, siguió siendo una persona políticamente expuesta porque se volvió a candidatar. En su declaración ante la Justicia Electoral también hay elementos no analizados.
- 1.007 millones de guaraníes era el patrimonio de Santiago Peña en el 2017, antes de ser presidente.
- 23.024 millones de guaraníes es lo que declaró Santiago Peña en 2023, solo seis años después.
