Mirtha Fernández
Desvío de fondos
Obras fantasmas. Sobre la intendenta Fernández pesa varias denuncias, como las que no se detectaron obras que figuraban en los contratos. Los cheques se endosaban para hermano de funcionario municipal. Esquema causó perjuicio de casi G. 1.200 millones.
Hilario Adorno
Faltante millonario
Imputado. Denunciado de comprar con dinero de la Comuna una camioneta para su uso personal. Pagó obra de la casa de su madre con fondos municipales. Presunto daño patrimonial con dinero de Fonacide por valor de G. 600 millones, según informe.
Tomás Olmedo
Licitación amañada
Millonarios contratos. La administración Olmedo contrató a la empresa Mbarete para varias obras, una de ellas fue objetada por Contrataciones. La firma beneficiaria sería de su socio. Los concejales objetan la suma de G. 9 mil millones sin respaldo.
En sesión de la Cámara de Diputados se consumó el salvataje de tres municipios sobre los cuales pesaban graves denuncias de irregularidades y para los que se solicitaba la intervención. Las mayorías aplastantes de la ANR y el PLRA se unieron para ejecutar el denominado “pacto de impunidad azulgrana”. Sobre uno de los intendentes, el de Puerto Casado, pesaba denuncias de haber comprado una camioneta e incluso refaccionar la casa de su madre.
Las mayorías colorada y liberal funcionaron como aplanadora y dejaron sin efecto la posibilidad de prestar acuerdo a la intervención de tres municipios.
En primer término, los diputados emitieron 57 votos en contra (ver info) del pedido de intervención de Valenzuela, cuya intendencia está a cargo de la liberal, Mirtha Fernández, imputada por supuesto desvío de fondos.
Un total de 18 diputados apoyaron la intervención y otra minoría se abstuvo.
De acuerdo al diputado disidente, Roberto González, la administración de Fernández está aplazada. Entre los hechos se hallaron cheques que debían ser para el pago a contratistas, pero que endosaba el hermano del tesorero municipal, del primer anillo de Fernández.
Igualmente, se presentó una larga lista en que las obras eran de una dudosa calidad o, directamente, no aparecían en los sitios donde debían haberse hecho. La intendenta está imputada por supuesto desvío de fondos y el perjuicio sería de G. 1.200 millones.
El diputado González reparó en los nuevos diputados y lamentó la incoherencia de quiénes “en la primera sesión cuando todos decían que venían con la intención de lavar la imagen de esta cámara tan deteriorada”.
Puerto Casado. El pacto azulgrana también enterró la posibilidad de intervenir el municipio de Puerto Casado, administrado por Hilario Adorno, quien está imputado y se lo acusa de la compra de una camioneta con uso del dinero público. 52 votaron por su impunidad y una minoría por la intervención.
Habló en defensa de Adorno, el diputado Avelino Dávalos quien dijo que como no existía dictamen de Contraloría que emita un fallo en contra de la gestión, mal podrían apoyar la intervención. Consideró un “juicio político” prestar el acuerdo y expresó que al final si corría podría a la larga representar un gasto para el Estado llamar a nuevas elecciones en el Municipio.
Para la diputada Rocío Vallejo, quien defendió el dictamen por la intervención, lo apuntado por su colega no tenía sustento, puesto que prefería “que haya nuevas elecciones antes que el intendente siga robando”. Añadió que si la Contraloría no auditó la gestión, existe igual varias causales que hacen al mal desempeño de funciones. Las denuncias que acarrea además incluye pago a proveedores supuestamente con cheques sin fondo (estafa). Otros añadieron mal uso de Fonacide.
Ñemby. En el caso de Ñemby, la administración de Tomás Olmedo no será intervenido, puesto que 58 diputados votaron en contra del pedido. Entre las irregularidades se registran varias licitaciones supuestamente amañadas.
La diputada Johanna Ortega, expresó su indignación a la vista de que se votaría por el blindaje, diciendo que impulsaría “un proyecto de ley para declarar a algunos diputados potencialmente peligrosos “dpp” que hoy acá van a ser cómplices de la corrupción, que hoy acá votarán por la impunidad”, dijo parafraseando el acápite de otro proyecto en estudio.
Cabe resaltar que en todos los casos solo las diputadas de País Solidario, Johanna Ortega, y de PQ, Rocío Vallejo, votaron por la intervención. En la misma línea, los colorados, Daniel Centurión y Roberto González.
Los miembros de Yo Creo, Guillermo Rodríguez y Walter García, como también las diputadas de Cruzada Nacional y el independiente, Miguel Martínez, apostaron por la transparencia, al igual que el diputado Diosnel Aguilera.
Salvo los colorados cartistas que en bloque reprobaron todos los pedidos, los demás votaron en forma zigzagueante producto de que sus bancadas liberaron votos.
