El ingeniero Enrique Vidal, representante de los empresarios ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam), señaló que la propuesta del cambio de la fórmula para definir el monto del reajuste anual del salario mínimo legal (SML) requiere no solo de una modificación legal, sino también de un enfoque cuidadoso y bien fundamentado para que no afecte a la economía del país.
El sector privado no se opone a analizar la fórmula para el reajuste del salario mínimo, siempre que los cambios sean justos y reflejen adecuadamente la inflación, dijo. “El sector privado no está ajeno a revisar, que esté bien concienzudamente, que realmente corresponda a la inflación. Hay que ser coherentes y cuidadosos”, dijo al referirse a la propuesta de las centrales obreras que piden un aumento directo del 20%.
Un incremento exponencial del salario mínimo puede afectar a diversas áreas indexadas, dijo. Ejemplificó que el salario mínimo se utiliza como base para el cálculo de las multas laborales, las municipales y los contratos de servicios con el Estado.
“Por eso es que hay que tener mucho cuidado, no es cuestión de cambiar nomás el índice de precio al consumidor, como están pretendiendo cambiar directamente al índice del precio del consumo alimentario”, dijo. Añadió que un aumento desmedido podría provocar inflación, por lo que el sector empresarial está preocupado sobre el impacto en la economía.
Actualmente, el debate entre las centrales obreras, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), e incluso los parlamentarios, se centra en la propuesta de modificar el índice utilizado para calcular el reajuste del salario mínimo que beneficia a 270.000 trabajadores y cuyo monto actual es de G. 2.899.048.
Cada año, este cálculo se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero algunos parlamentarios sugieren modificar por el Índice de Precios del Consumo Alimentario, lo que genera la preocupación en el sector privado. Este cambio debe ser a través de una ley, señaló Vidal, caso contrario serían medidas arbitrarias.
Añadió que el cálculo del reajuste está claramente delineado y limitado por la ley. “La ley es clara, dice perfectamente que la Conasam tiene que enviar su propuesta al Poder Ejecutivo en el mes de junio de acuerdo a la variación del índice de precio de consumidores”. Por lo que, dijo que si quieren aplicar modificaciones, se debe hacer mediante una legislación, o en este caso mediante cambios en la legislación. “Hasta que se cambie la ley, caso contrario no”.
Explicó que solo en casos extraordinarios, como una inflación galopante, el Conasam puede reunirse para evaluar ajustes adicionales, pero que no se da esa situación actualmente, atendiendo que hasta la economía creció 6%.
DEBATE. Las centrales obreras proponen un aumento del 20%, entre G. 500.000 a G. 600.000, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde el sector de los trabajadores proponen también que se modifique la fórmula para determinar cada año el reajuste y que no solo se incluya al IPC, sino que también otros factores como el Índice de Canasta Básica del Trabajador y el PIB.
Incluso, desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguran mediante un estudio, que el costo total de vida al mes para una familia de cuatro integrantes asciende a G. 7.614.000, por lo que consideran que el salario mínimo debería alcanzar este monto.
