Rojas tenía conocimiento de que sería imputado. En un primer momento pudo evitarlo con ayuda de su abogado, dijo, pero “a partir de ahí comenzó a pasar una serie de cuestiones extrañas que hacen desconfiar de la buena intención del fiscal Martín Cabrera”, recordó en Monumental AM 1080.
Finalmente se abrió el viernes pasado una carpeta fiscal que lo involucra a él, al ex ministro del Interior, Francisco de Vargas, y a otras nueve personas en la compra irregular de equipos de escuchas telefónicas. Al respecto, mencionó que como investigador maneja la información de que el fiscal Cabrera presionaba a los demás imputados a que declaren en contra de los ex secretarios de Estado.
En ese sentido tiene dos hipótesis: la primera -que ya se había mencionado- es que se trató de un operativo para dejar fuera de carrera a De Vargas como uno de los candidatos para ocupar la Fiscalía General, pero la segunda alternativa “es el narcotráfico”, comentó, aunque no dio detalles.
Como funcionario reconoce que está obligado a rendir cuentas de sus actos, pero al desempeñarse en el ámbito de seguridad, dijo que se debe reservar los entretelones “porque el crimen organizado sería el único beneficiado”. “Así como el allanamiento que hizo el fiscal con toda la prensa, mostrando el vehículo donde estaba la chapa, el modelo y los equipos, poco favor le hace a la lucha contra el crimen organizado”, explicó.
Sobre la compra de los equipos, reconoció que se realizó de manera directa por tratarse de material sensible que es ofertado solamente a los Gobiernos, pero aseguró que tuvo la aprobación de Contrataciones Públicas.
De Vargas fue destituido tras la convención colorada en octubre pasado. El presidente Horacio Cartes refirió en la ocasión que, por mandato de sus correligionarios, el ministro del Interior quedaba fuera del gabinete por estar afiliado al Partido Liberal, en tanto que Rojas presentó su renuncia tras un confuso procedimiento de la Senad en que resultó muerta una niña de 3 años.
El caso. La causa se inició a raíz de una nota de la Contraloría General, que detectó irregularidades con facturas falsas, en este caso, de la empresa denominada Televox, refiere la imputación.
En el marco de las pesquisas, la Subsecretaría de Estado de Tributación informó que dicha firma presentó facturas falsas por valor de G. 5.063.714.710; dicha rendición la realizó para justificar las operaciones hechas con la Senad, ya que en el año 2012 proveyó equipos de sistema de rastreo sensitivo móvil a la secretaría, cuando De Vargas estaba al frente, por el valor de G. 9.406.120.000.
Según el escrito, De Vargas, también ex ministro del Interior, ya había firmado el contrato de adquisición con la empresa el 21 de noviembre de 2012; es decir, 21 días antes de la decisión oficial, ya que esta se hizo recién el 27 de diciembre. En tanto, en el 2015 se adquirieron equipos tácticos de comunicaciones, cuando Rojas era titular de la Senad, por la suma de G. 1.252.000.000.
Menciona que ambos pedidos se hicieron a través de la vía de la excepción y no contaban con respaldo de haber ingresado al país de forma legal.
