Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmaron la renuncia de Rodolfo Friedmann, quien estuvo en el cargo por casi un año y está siendo investigado por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador del Guairá.
Tras presentar su dimisión al cargo, anunció además el retorno a su banca en la Cámara de Senadores. El mismo había solicitado un permiso para asumir como titular del MAG cuando fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“Voy a dar batalla a este delincuente desde el Senado. Es una eliminación política. Es una ruta ejecutada por el cartismo”, expresó Friedmann en contacto con la radio 730 AM en directa alusión al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
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Friedmann señaló que esta situación ya la venía esperando y que se “está ejecutando el plan de eliminación sistemática de los enemigos del cartismo”.
El político colorado fue imputado este lunes por los supuestos hechos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.
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La imputación fiscal también alcanza a la esposa del ahora ex ministro, Marly Figueredo; su primo Silvio Alvaro Alfaro Bertolo; el diputado colorado de Guairá Éver Noguera, y los ciudadanos Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.
Según las denuncias, Friedmann supuestamente amañaba los contratos a su favor usando su investidura en aquel entonces, acusaciones que el secretario de Estado ha negado categóricamente.
La causa involucra a la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), proveedora del almuerzo escolar a la Gobernación administrada en ese entonces por Friedmann, entre los años 2017 y 2018, y que tenía por socios al diputado imputado y a Hugo Alexander Torales.
El Ministerio Público señala que el ex ministro tendría participación en la empresa, y en tal posición habría impuesto condiciones, una de ellas que forme parte de la firma su primo, además de la contadora Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo.
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La empresa en cuestión fue allanada semanas atrás por un equipo fiscal a fin de colectar documentaciones relacionadas con los contratos suscritos con la Gobernación de Guairá en ese periodo de tiempo.
La carpeta fiscal cuenta con un informe de la Contraloría y estaba en ese entonces a la espera de otros dictámenes complementarios. El caso está en manos del fiscal Osmar Legal.
