El prestamista luqueño Ramón González Daher sigue apretando y amenazando a sus víctimas desde su celda en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde guarda reclusión cumpliendo una pena de 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
Varias víctimas del usurero, que solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirmaron a este medio que Ramón les sigue hostigando vía mensajes de la aplicación de WhatsApp y llamadas telefónicas, intentando cobrar supuestas deudas.
Para el efecto, los denunciantes precisaron que RGD cuenta con 5 líneas de teléfonos que utilizaba para realizar las llamadas extorsivas.
Detallaron que los números de los teléfonos que usa Ramón están plenamente identificados y siempre son los mismos números telefónicos.
Esta situación comprueba que el ex dirigente deportivo luqueño sigue gozando de privilegios, aún estando en reclusión y, por ende, continúa amedrentando a sus víctimas de un esquema perverso y corrupto de doble cobro para el cual utilizó a jueces y fiscales para su beneficio.
comiso. A mediados del pasado mes de febrero, el Tribunal de Apelación en lo Penal, 4ª Sala, ratificó la resolución que dictó la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, la cual ordena el comiso de unos USD 47 millones por lavado de dinero al empresario luqueño y a su hijo, Fernando González Karjallo.
Se trata de un comiso de dinero calificado como histórico por el Ministerio Público a nivel nacional e internacional.
En el juicio contra RGD, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, y su hijo Fernando, sentenciado a 5 años de cárcel por usura, se dio a conocer que el mismo movió en tan solo cinco años la suma de USD 961.749.367.
La condena fue otorgada por un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo.
La esposa del ex dirigente deportivo, Delcia Karjallo de González, planteó en diciembre un incidente ante el Juzgado de Ejecución para solicitar que se levante el 50% del embargo preventivo que pesa sobre los bienes de su marido, alegando que está en bancarrota y que no puede quedar “en situación de calle”. Con esta acción se lograba, además, trabar el comiso de los bienes del clan por unos USD 47 millones, que podían ser requeridos para el resarcimiento de las víctimas.
