Ramón González Daher se presentó a su audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Raúl Florentín, que se realizó en la mañana de este viernes luego de un mes de haberse destrabado el caso de testimonio falso.
El magistrado le concedió medidas alternativas a la prisión. También tiene una fianza personal de un tercero por G. 300 millones y prohibición de salida del país, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.
La audiencia debía llevarse a cabo hace 10 días, pero la defensa del ex dirigente deportivo, el abogado Raúl Suárez, dio positivo al Covid-19, por lo que se estableció una nueva fecha para esta jornada.
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El caso estuvo trabado por cuatro meses debido a que la representación de RGD apeló a la resolución en la que el juez Raúl Florentín admitió su imputación.
La fiscala María Alejandra Savorgnan lo imputó por presunto testimonio falso, por una declaración realizada ante la jueza Marian Fernanda García de Zúñiga durante un juicio oral al ex dirigente José Medina Sagalés, condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por difamación, calumnia e injuria.
El caso fue denunciado por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, bajo la representación legal de la abogada Raquel Céspedes, a finales de setiembre del año pasado.
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La defensa del denunciante sostuvo en ese entonces que el ex dirigente luqueño y prestamista respondió con evasivas ante las preguntas del abogado de la querella y evitaba hablar o responder directamente sobre montos de dinero.
Ramón González Daher tiene una condena de 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Pero, dilató el cumplimiento de su prisión preventiva recusando a camaristas. Su sentencia reveló que era el gran usurero de la élite, más de 130 personas fueron víctimas del potentado.
El mismo ya cuenta con varias medidas alternativas como la obligación de firmar el libro de comparecencia del 1 al 5 de cada mes en forma mensual. La obligación de fijar domicilio, y no cambiarlo previa comunicación al Juzgado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento podrán ser revocadas las medidas impuestas.
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Además cuenta con las prohibiciones de acercamiento y hostigamiento a las víctimas o denunciantes por ningún medio, de abusar de bebidas alcohólicas y drogas peligrosas, de portar todo tipo de armas y de salir del país.
La última medida que le concedió el juez Enrique Sanabria tras ser sentenciado, fue la de libertad ambulatoria en el marco de la imputación por denuncia falsa, relacionada con el caso de cheques hurtados.
Había una fianza real por el monto de G. 100 millones, que debían ser depositados en una cuenta del Banco Nacional de Fomento a nombre de la última causa y a la orden del Juzgado, debiendo librarse el oficio a la citada institución para el efecto y agregar la constancia de depósito en un plazo de 10 días, caso contrario iban a ser revocadas las medidas impuestas.
