Los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, investigaron al juez durante tres años y ahora lo imputan.
El caso se inicia en agosto del 2020, cuando dos fincas de la estancia Nelly, la N° 56 y N° 57, ubicada en el distrito de Azote’y, Departamento de Concepción, pasaron a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en la causa por lavado de activos contra Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
Ambas propiedades estaban a nombre de la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA; y contra ella, el 9 de agosto del 2021, otra firma, Grupo Paraná SA, comenzó una acción preparatoria de juicio ejecutivo.
Senabico intenta parar el juicio
Finalmente, a través de sus abogados, Biocombustible Brasilero Biobras SA presenta un incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio ejecutivo, pero el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado Cristhian Sánchez lo rechazó.
También denegó el pedido de Senabico, que solicitaba no hacer lugar a lo que pretendía Grupo Paraná.
Hay documentos que demuestran que el magistrado fue informado tanto por la Senabico, Registros Públicos y los mismos abogados de la empresa que las dos fincas estaban comisadas.
De igual manera, el 11 de octubre de 2023 y en pleno juicio contra los bienes de Da Rocha, el juez Cristhian Sánchez ordena la venta pública en subasta de las dos propiedades.
Pese a que Registros Públicos insistía con que los inmuebles tenían medidas cautelares, el 8 de noviembre de 2023 se realizó la subasta y se vendieron a Ronald Augusto Parenderi Román, representante de la empresa Grupo Paraná SA.
Le hicieron participar a un abogado, que representaba supuestamente a la firma Biocombustible Brasilero Biobras SA, pero no era así.
La finca N° 56 costó G. 1.500 millones y la N° 57, G. 500 millones.
Nuevamente el 28 de noviembre de ese año, el juez, a través de una resolución, aprobó el remate, “pese a contar con los informes de condición de dominio”.
Los fiscales insisten que el juez Cristhian Sánchez Zaracho tenía “pleno conocimiento de la medida de prohibición de innovar” sobre los dos inmuebles.
Intentan inscribir los bienes comisados
Como ya se vendieron las propiedades, el Grupo Paraná SA empezó a intentar reclamar los bienes. El 17 de abril de 2024 comenzó un juicio de inscripción preventiva en el mismo Juzgado de Cristhian Sánchez, quien ese mismo día ordenó inscribir ambas fincas.
Esa fecha también envió un oficio a Registros Públicos, informando su decisión. Sin embargo, esta institución sacó una nota negativa, atiendo a la medida cautelar de prohibición de innovar.
Con esto, fue denegada la inscripción.
Antecedentes
En enero del 2025, el juez Cristhian Sánchez benefició con el arresto domiciliario al presunto narcotraficante Víctor Hugo dos Santos González, quien se había presentado luego de estar muchos años prófugo.
El procesado había permanecido con paradero desconocido desde hacía un tiempo, luego de que se haya decomisado una megacarga de 450 kilos de cocaína pura, pero se fue a casa luego de ofrecer algunos inmuebles como garantía.
