Una serie de críticas surgió en el seno de la organización de ex presos y familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, tras enterarse de que Jalil Amir Rachid, quien había investigado el caso, puede volver a la Fiscalía local.
El mismo fue designado -con el mejor puntaje final- en la terna para la vacancia de agente fiscal zonal junto con Alfonso Mascareño y Aníbal Fernández, por decisión del Consejo de la Magistratura.
“Estamos muy preocupados. Jalil Rachid no puede volver a Curuguaty después de las situaciones que vivimos desde aquel 15 de junio. Categóricamente rechazamos, porque no es una persona grata para Curuguaty”, refirió Darío Acosta, una de las personas destacadas en la lucha por Marina Cué.
Por su parte, Martina Paredes, familiar de víctimas de la masacre, trató de “payaso y caradura” a Rachid. “Nosotros como familiares de las víctimas buscamos la paz, y no habrá paz si él vuelve, nos va a provocar y a mucha gente”, manifestó.
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Consideró que el mismo ocultó pruebas en el desarrollo del juicio oral para incriminar y condenar a altas penas a los campesinos e hizo hincapié en que, a pesar de que los investigados acabaron siendo liberados, aún se necesita indagar mucho para esclarecer el caso.
“Para mí, Jalil Rachid debería estar preso. Él no puede integrar una terna para fiscal, y más aún en una zona diezmada, tan golpeada como lo es Curuguaty. Él tiene una responsabilidad, pero criminal”, acusó, por su parte, la activista social Guillermina Kanonnikoff.
Asimismo, Dolores López, Luis Olmedo y Arnaldo Quintana, quienes fueron condenados en su momento y absueltos en tercera instancia, también expresaron su disconformidad y dijeron que están dispuestos a cerrar rutas y manifestarse.
En contacto con Última Hora, el agente Rachid, quien actualmente cumple funciones en la Fiscalía del Medioambiente de Asunción, explicó que el cargo de los fiscales dura cinco años y, posteriormente, deben volver a concursar.
En ese sentido, aclaró que esto no significa necesariamente que vuelva a la ciudad de Curuguaty en caso de ser elegido nuevamente y que es la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la que toma ese tipo de decisiones.
“Una canallada jurídica”
En su momento, Jalil Rachid consideró que la absolución de los condenados por la causa fue una “canallada jurídica”. Había manifestado que el fallo de la Sala Penal de la Corte incurrió en “errores jurídicos procesales” y defendió el trabajo de la Fiscalía.
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo, murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
