El caso está a cargo del juez Diego Alejandro Torres Sandoval, del Juzgado en lo Civil y Comercial del 11° Turno. En la contestación a la demanda, las organizaciones Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) señalan que la Comisión Bicameral mencionada es un ente jurídicamente inexistente. Sus funciones ya vencieron.
Además, no hay precisión en cuanto al objeto de la demanda y, tal como fue planteada, no satisface requisitos mínimos exigidos por el Código Procesal Civil. Sostienen que en la investigación se solicita una cantidad genérica e imprecisa de información.
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Agregan que “toda la información necesaria para los fines de este órgano de carácter transitorio han sido brindadas de manera suficiente” cuando la requirieron.
En la mañana de este jueves acudieron al Poder Judicial los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Alberto Poletti en representación de las organizaciones demandadas para realizar una presentación conjunta. En el escrito discrepan con la posición de la Comisión Bicameral respecto a que los datos de organizaciones privadas sean de interés público.
Sostienen que esto es incorrecto, ya que los fondos que administran no provienen del presupuesto del Estado y existe información que, conforme a la legislación paraguaya y de países de origen, es catalogada como confidencial.
Solicitan concretamente que se rechace la demanda de auxilio judicial por carecer de fundamento fáctico y jurídico, considerando que las organizaciones demandadas han cumplido sustancialmente con los requerimientos de la Comisión Bicameral.
Para las organizaciones, la demanda forma parte de una campaña desproporcionada y “políticamente motivada” por parte de la ya extinta Comisión Conjunta de Investigación de Lavado de Activos. Señalan abusos de poder, violaciones constitucionales y “una clara intención de silenciar a la sociedad civil”.
