“La Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio de hechos punibles de Lavado de Activos, contra el patrimonio del Estado, Contrabando y otros delitos conexos, ha conminado al Centro de Estudios Judiciales (CEJ) a que entregue información que está protegida constitucional y legalmente, por lo que decidimos solicitar a la justicia que nos ampare ante esta abierta y alevosa violación sin precedentes en la historia paraguaya”, expresaron desde la oenegé.
En ese sentido, indicaron que el juez José Guillermo Trovato, en su decisión, entendió que nadie puede oponerse a la requisitoria de un poder investigador; sin embargo, señala claramente que el pedido de información debe realizarse por la vía establecida en nuestro marco jurídico, es decir, a través de una petición judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 137, que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional.
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“Si se realiza por esa vía, los miembros de la Comisión deben fundamentar sus razones y argumentos, evitando los allanamientos como habían amenazado públicamente algunos de sus miembros”, señalaron.
Asimismo, creen que los contratos privados son como se los define: Privados, y cuyas derivaciones tienen en otras instituciones del Estado maneras de control y seguimiento.
“Estamos convencidos de la transparencia entre fondos públicos e instituciones, como lo dice la ley de acceso a la información pública que nosotros hemos impulsado, pero claramente eso no impacta sobre acuerdos privados que se pacten”, expusieron.
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Al mismo tiempo, cuestionaron que bajo el criterio “erróneo” de la mencionada Comisión, cualquier contrato entre privados se convierte en objeto de escrutinio público, contraviniendo el orden jurídico y transformando a la Comisión Legislativa en un mecanismo de persecución y chantaje, lo cual no debería ser su propósito ni función.
“Creemos firmemente que en una República las garantías a los actos privados son fundamentales si queremos vivir bajo un verdadero Estado de Derecho. ¿Quién podría sentirse resguardado a futuro si esto se considerase natural y normal? ¿Qué República puede confirmarse con actos y petitorios amenazantes de este estilo? Los límites deben ser puestos con claridad: los actos privados entre privados solo competen a las partes”, recalcaron.
También afirmaron que este principio no puede ser violado bajo ningún pretexto y menos cuando las intenciones son derogatorias de derechos de privacidad y de respeto a los derechos individuales.
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“Como institución establecida desde hace más de 17 años en el país, jamás habíamos experimentado una situación similar. Hemos contribuido constantemente al fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de Derecho en el Paraguay, promoviendo el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. No podemos ir en contra de ellas sin entender que una claudicación solo traerá nefastas consecuencias para el país”, aseveraron.
Finalmente, expusieron que los datos privados no pueden ni deben ser violados so pena de destruir las bases fundacionales de una República. “Todo debe hacerse teniendo a la justicia de su lado y no a la prepotencia política que se desea imponer. Defenderlos es defender la democracia”.
El juez José Guillermo Trovato Fleitas rechazó in límine el amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que está siendo obligada, al igual que otras organizaciones, a entregar información de carácter privado por la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional.
El magistrado sostiene que el amparo constitucional no es la vía para la discusión sobre la pertinencia o no de la remisión de la documentación solicitada por el Congreso.
La Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles del Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado Paraguayo y Otros Delitos Conexos es considerada como una “Comisión Garrote” por parte de senadores opositores, ya que buscaría amedrentar a organizaciones civiles y no perseguir el motivo de su creación, como el lavado de dinero.
Incluso, parte de la información proporcionada a la CBI por parte de organizaciones civiles fue filtrada a la prensa.
