El tamaño y la forma del aparato estatal está siempre en el discurso político en Paraguay, pero pocas veces poniendo en el centro el debate sobre el desarrollo del país o el bienestar de las personas. Una de las formas en que se plantea este debate es la unificación, eliminación o creación de instituciones bajo los supuestos argumentos de eficiencia, ahorro, mejor coordinación o modernización. Sin embargo, la mayoría de las veces el objetivo encubierto es concentrar poder, limitar competencias, invisibilizar problemas o silenciar voces incómodas, sin que finalmente se demuestren una mayor eficiencia o mejores resultados.
Teóricamente, la racionalización del aparato estatal es un objetivo loable. Los proponentes de fusionar carteras esgrimen argumentos sólidos. El primero es el ahorro fiscal. Eliminar duplicidades libera recursos que podrían destinarse a inversión social o infraestructura. En un presupuesto público con tantas restricciones en áreas vitales como la salud, la educación, el saneamiento o la vivienda este argumento cala hondo en la ciudadanía.
El segundo argumento esgrimido es el de una mejor coordinación y eficiencia. Sin embargo, este también es un argumento falaz. Ni siquiera el problema más simple, como el de la pobreza monetaria, se resuelve desde la gestión de una sola institución. Si bien la respuesta es mayores ingresos, se requieren políticas laborales y de protección social, ámbitos que exigen el trabajo de múltiples instituciones públicas.
Si bien un megaministerio social podría, en teoría, diseñar políticas integradas que aborden el problema de forma holística, evitando que una familia deba recorrer instituciones diferentes para acceder a productos o servicios, el problema no es la desconcentración de competencias, sino la incapacidad de los funcionarios públicos de trabajar en forma coordinada desde la gestión hasta la provisión de servicios de manera oportuna e integrada.
El primer riesgo que enfrenta unificar instituciones es el debilitamiento de intervenciones que son fundamentales para el bienestar y que requieren competencias específicas como es el caso de la violencia de género, la atención a la niñez o a la discapacidad, la provisión de cultura o la protección del ambiente. La existencia de una institución especializada no es solo un conjunto de personas con capacidades específicas, sino una muestra de la relevancia que tiene esa función, ese problema o esa población particular.
Desde esta perspectiva, eliminar un ministerio o subordinarlo a otra instancia implica reducir su relevancia o invisibilizar el problema. En realidad, el objetivo no responde a una racionalidad administrativa, sino a un gesto simbólico: Restarle visibilidad e importancia.
Otra ambición que está detrás de supuestos argumentos técnicos relacionados con la eficiencia es la concentración de poder, ya sea para darle más poder a un ámbito o persona o también para silenciar o reducir el poder de un ámbito “incómodo” para alguien o para algún sector. Esto ocurre cuando los personalismos y la debilidad institucional permiten que los objetivos nacionales sean dejados de lado para dar paso a objetivos particulares.
Hasta ahora, los argumentos de ahorro nunca se han verificado, ya sea porque no existieron o por la falta de transparencia y rendición pública de quienes hablan de eficiencia y responsabilidad pública.
La burocracia no desaparece por un cambio de nombre en la institución. El verdadero costo no es el dinero, sino la pérdida de capacidad técnica y la interrupción de políticas, generando una inestabilidad institucional que termina perjudicando a los ciudadanos que dependen de esos servicios.
Sin carrera del servicio civil y sin compromiso de los políticos y de las altas autoridades, no hay reorganización del aparato estatal que culmine con una mejor gestión o con mayor eficiencia. Las instituciones terminan siendo espacios de poder con recursos para la gestión individual o dirigidas a sectores particulares.
