Frente a la convocatoria selectiva de periodistas y actividades cartistas en la investigación a las oenegés que encabeza la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como “comisión garrote”, la relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, reiteró su preocupación por el avance intolerante contra la participación ciudadana en la política.
“Vuelvo a hacer un llamado al Estado paraguayo, incluido a su presidente y su Congreso, para que inmediatamente se deje de estigmatizar a la sociedad civil y las ONG diciendo que son enemigas de la democracia”, escribió en X, citando a las cuentas oficiales del mandatario Santiago Peña y de la Cámara de Senadores.
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Enfatizó, a su vez, que la inclusión y transparencia deben anteponerse en las discusiones sobre las medidas de control que buscan imponer al sector.
Su nuevo posteo lo hizo sobre otro que había realizado el pasado 13 de setiembre, donde anunciaba una carta que envió a Peña, en la cual instaron a “reexaminar” el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, que cuenta con media sanción en el Senado.
Vuelvo a hacer un llamado al Estado Paraguayo, incluido a su Presidente y su Congreso, para que inmediatamente se deje de estigmatizar a la sociedad civil y las ONG diciendo que son enemigas de la democracia. Además, debe primar la transparencia e inclusión en las discusiones… https://t.co/GLaQLm74cH
— Gina Romero (@Ginitastar) September 24, 2024
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pronunció su preocupación por el “impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil en el país” que presentaría la ley, por lo cual pidió a la Cámara de Diputados que se rechace la iniciativa.
La reiteración de Romero se da ante un contexto de filtraciones de datos y contratos privados de personas que realizaron trabajos para las oenegés, que fueron utilizados por operadores políticos para desprestigiar a actores sociales y periodistas.
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Ante estas denuncias, el vocero de la CBI, senador Gustavo Leite, anunció que publicarán todos los documentos y negó que haya filtrado datos.
La última sesión de la comisión, integrada por cartistas y aliados, fue pública y contó con la participación de activistas de extrema derecha, además de periodistas que comparten el mismo pensamiento político.
Si bien se busca investigar delitos conexos como el lavado de dinero, las exposiciones de los convocados estuvieron sesgadas por teorías, suposiciones de financiamiento de actividades políticas, la ideología de género y el supuesto adoctrinamiento para convertir a todos en homosexuales.
Ataques infundados a ONG por los pueblos indígenas
La organización Tierraviva, que hace 30 años acompaña a los indígenas en la lucha por las tierras, compartió una carta abierta dirigida a los integrantes de la CBI en donde repudiaron “haber sido, una vez más, blanco de ataques infundados desde un espacio de poder estatal”.
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Lamentaron que los ponentes que fueron citados por la CBI solo se limitaron a reproducir “perjurios perniciosos y estigmatizantes, buscando instalar una narrativa discriminativa”, sin especificar cuáles fueron los ilícitos que supuestamente cometieron.
Criticaron, a su vez, a los legisladores por respaldar la violación de preceptos constitucionales como la presunción de inocencia, la salvaguarda del honor y la reputación de las personas.
En ese sentido, se reservan el derecho de ejercer acciones civiles para la reparación del daño moral a la organización y sus miembros.
