Las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda indican que se recaudarán unos 300 millones de dólares más gracias a los ajustes realizados. Paraguay necesita esos recursos para ampliar las coberturas de la mayor parte de las políticas y mejorar la calidad de su implementación.
Durante esta misma semana, la organización de la sociedad civil Juntos por la Educación presentó un estudio sobre la situación del financiamiento de la educación, que incluyó una estimación de las necesidades futuras. Solo para la educación de la niñez y la adolescencia se requiere por lo menos triplicar la inversión para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de esta franja etaria.
A los recursos adicionales de la política educativa, el país necesita reforzar otras políticas para asegurar logros del aprendizaje.
Mientras los niños y adolescentes asistan a clases con hambre, con enfermedades o cansados por tener que trabajar o no cuenten con medios de transporte adecuados, pretender calidad es una ingenuidad.
Una parte importante de los factores que explican la asistencia escolar y el aprendizaje no se encuentran en el ámbito de la educación, sino de otros aspectos que hacen al desarrollo integral.
En cualquier indicador mundial, nuestro país permanece en los últimos lugares del mundo. Igual que la educación, otras políticas necesitan más recursos para que el crecimiento reduzca su volatilidad y sea más inclusivo y transitemos hacia estadios de mayor desarrollo.
La desigualdad es una tarea pendiente. A pesar de su relevancia para la cohesión social, la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, el país no cuenta con políticas al respecto. Al contrario, muchas de las intervenciones estatales tienden a profundizarlas.
El sistema tributario es uno de los mecanismos por excelencia para la redistribución; sin embargo, el elevado peso de los impuestos indirectos determinado por las bajas tasas de impuestos directos y los importantes privilegios tributarios a los sectores de mayores ingresos hacen de la política tributaria un instrumento casi inútil para este objetivo. En este contexto es que la propuesta del Poder Ejecutivo da un paso adelante, aunque insuficiente, tanto en el rol recaudador como redistribuidor de los impuestos.
El gran desafío es garantizar que los recursos adicionales que puedan lograrse sean bien invertidos, lo cual dará legitimidad a los cambios y permitirá avanzar en otros de mayor profundidad en el mediano plazo.
El Gobierno tiene la gran oportunidad de demostrar que con su propuesta pone en primer lugar el bienestar de la población y una política más redistributiva. Nuestro país no resiste más desigualdad, corrupción ni privilegios. Es hora de impulsar el desarrollo venciendo el letargo en el que hemos estado, con avances pero mínimos, por lo cual para una parte importante de la población pasaron desapercibidos.
