La implementación de la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria, más conocida como ley de reforma tributaria, costará al Estado unos USD 10 millones, según adelantó ayer el viceministro sustituto de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué. Estos recursos fueron solicitados de manera adicional por la Administración Tributaria al Ministerio de Hacienda, dentro del anteproyecto presentado al fisco para lo que será el presupuesto de la SET para el 2020.
El subsecretario comentó que los USD 10 millones serán para cubrir la adecuación del sistema informático de la SET y el gasto en remuneración extraordinaria que deberán ser abonados a los funcionarios de Tributación, que según Orué, tendrán que trabajar sábados y domingos en la parte tecnológica y procedimental de la implementación.
“Estos recursos son para el 2020, para este año tenemos cubierto de alguna manera, pero para el año que viene vamos a tener que seguir, porque el IRE (Impuesto a la Renta Empresarial), por ejemplo, se tendrá que liquidar recién en el 2021, ya que en todo el 2020 va entrar en vigencia, pero en el 2021 se pagará, ahí vamos a tener un margen para poder implementar allá por el mes de agosto del 2020”, explicó.
En ese mismo sentido, el titular de la SET adelantó que la intención del Ministerio de Hacienda es poner en vigencia la reforma tributaria desde el 1 de enero del 2020, pero aclaró que se está definiendo si será de manera completa o progresiva.
Reuniones. Pese a que la ley de reforma tributaria aún carece de una sanción del Poder Legislativo, la SET ya se encuentra trabajando con el sector privado –contadores y empresarios– en lo que será la reglamentación de la normativa. Esto en base a la estructura del proyecto de ley, que fue respetada por los legisladores en la primera vuelta de tratamiento, tras introducir solo modificaciones en lo que refiere a tasas impositivas.
“Independientemente a los cuatros artículos modificados, sobre los demás ya estamos trabajando, ya que en el Senado se puede tratar solo esos cuatro artículos que fueron modificados por los diputados”, expresó Orué.
Los cambios introducidos por los senadores fue la exoneración del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) para las cooperativas y empresas maquiladoras. Mientras que en Diputados se aprobó el proyecto de ley con reducciones de tasas máximas para el tabaco, bebidas y bienes suntuosos.
