La reforma de la Caja Fiscal pone a prueba la solidez de las instituciones y la madurez de la clase política. Lo que se inició con una propuesta del Ministerio de Economía para reducir el déficit ocasionado por la Caja, derivó en tensiones y acusaciones entre sindicatos y autoridades y entre las propias autoridades. El resultado es un pequeño cambio que no generará resultados en la sostenibilidad ni equidad del subsistema y, menos aún, del sistema en su conjunto. El país necesita una solución de largo plazo y que camine hacia una cobertura universal.
Las propuestas de solución a la Caja Fiscal que se están planteando son menores y con un efecto coyuntural. Como cualquier política que se arregla de esta manera, el problema volverá a aparecer en poco tiempo, ya que los orígenes estructurales de la crisis se mantienen.
Pero además no se está abordando un problema mayor que es el de la fragmentación del sistema, uno de los determinantes de la insostenibilidad e inequidad global. No hay posibilidades de avanzar en soluciones estructurales y de largo plazo sin abordar la existencia de subregímenes diferenciados cuyas bases contributivas envejecen y tienen condiciones paramétricas que profundizan desigualdades y configuran altos niveles de inequidad en el financiamiento. La fragmentación no es solo interna a la Caja Fiscal, sino también es necesario abordar su vínculo con el Instituto de Previsión Social, con problemas similares menos acuciantes, pero que en el mediano plazo presentará una situación crítica.
La garantía del derecho a una jubilación en la vejez debe ser universal y cualquier propuesta de solución debe incorporar a la totalidad de la población. La universalización de la afiliación es un imperativo ético, pero también económico. Para un país con bono demográfico, tener estos niveles de insostenibilidad financiera de la seguridad social es inconcebible.
El avance de las negociaciones con la llegada del proyecto al Congreso mostró la fragilidad del proceso, ya que desencadenó conflictos que no contribuyeron a generar las soluciones que se requieren. La negociación no se percibe como una construcción colectiva, sino como un juego de suma cero en el que unos ganan y otros pierden, erosionando la confianza en el Estado y en sus organismos técnicos.
La limitación más significativa de la reforma en discusión es su carácter parcial. Desde diversos sectores ya se ha planteado la necesidad de avanzar hacia una “reforma de la seguridad social” que incluya al IPS y que implique la reducción sustancial de la informalidad laboral. Este debate debe darse en un contexto que garantice un diálogo político y social en el marco de propuestas técnicas.
La reforma de la Caja Fiscal ha transitado su curso en un año electoral que condiciona las decisiones, teniendo en cuenta el alto nivel de partidización de la función pública. La prueba de madurez política no será la aprobación de los cambios que requiere la Caja Fiscal, sino la capacidad de los actores para sentar las bases de un acuerdo de Estado que trascienda ciclos electorales e intereses corporativos.
Un pacto social efectivo para la seguridad social debería descansar sobre al menos tres pilares fundamentales. En primer lugar, el diálogo social permanente y transparente que institucionalice la participación de gremios, trabajadores informales, empleadores y expertos.
En segundo lugar, la reforma debe basarse en principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Se requiere una discusión honesta sobre el aporte del Estado, la contribución de los empleadores y la progresividad de las contribuciones, para que el sistema proteja a los más vulnerables.
En tercer lugar, la integralidad de las soluciones, abordando en paralelo la reforma de la Caja Fiscal, del IPS y del pilar no contributivo como el programa de Adultos Mayores para quienes nunca pudieron cotizar.
El desafío que tiene por delante Paraguay no es meramente técnico, sino político y social. La sostenibilidad a largo plazo de la seguridad social no se logrará con parches, sino con la construcción democrática de un pacto social. Este pacto debe ser capaz de armonizar la disciplina fiscal con la protección de los derechos y la inclusión y el rigor actuarial con la equidad.
