La renuncia del ministro Carlos Fernández Valdovinos al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Paraguay es el resultado de la profunda dicotomía estructural que vive Paraguay. Su salida fue como el desenlace lógico de la tensión entre un discurso oficial de éxito macroeconómico –simbolizado por la obtención del grado de inversión– y una realidad fiscal doméstica caracterizada por un déficit encubierto a través de la morosidad con proveedores estratégicos que se sumó a su declaración de “economía de guerra”. La partida de Fernández Valdovinos expone los límites de la narrativa de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.
En 2025, Standard & Poor’s otorgó a Paraguay el grado de inversión, sumándose a lo otorgado por Moody’s en 2024. Los fundamentos de esta calificación eran sólidos en apariencia: Crecimiento robusto proyectado para 2025, inflación controlada por debajo de la meta y un compromiso con la regla fiscal que limita el déficit público.
La renuncia de Fernández Valdovinos evidenció que la solidez macro escondía una crisis micro-fiscal: El Estado paraguayo se supone que tiene la capacidad teórica de pagar sus deudas a largo plazo (avalada por las calificadoras), pero carece del flujo de caja para honrar sus compromisos de corto plazo con contratistas y farmacéuticas.
La principal contradicción radicó en el cálculo del déficit. Mientras el MEF reportaba un déficit fiscal controlado, la realidad del Fisco mostraba otro panorama: Una deuda flotante estimada en más de 1.000 millones de dólares con proveedores.
Esta deuda se concentra en dos sectores críticos: Las empresas constructoras de obras viales y las farmacéuticas proveedoras de hospitales públicos. La estrategia para mantener el déficit dentro de los márgenes establecidos en la regla fiscal y en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional y con las calificadoras de riesgo fue, en la práctica, no pagar las facturas a tiempo.
La crisis de liquidez, sumada al fracaso de la reforma de la Caja Fiscal, obligó a una declaración “economía de guerra”, metáfora utilizada para justificar una contracción del gasto público.
Esta declaración colisionó con la realidad política y administrativa. Mientras se pedía sacrificio a la ciudadanía y a sectores enteros del Estado, no había una propuesta seria de reducción de gastos superfluos en la burocracia, inclusive dentro del propio MEF. La medida fue percibida como un ajuste arbitrario y que mantenía privilegios financiera y éticamente insostenibles.
El cambio en el MEF simboliza la necesidad de analizar el contexto económico en todas sus dimensiones y dejar de crear una narrativa exitista, centrada en el crecimiento económico y en el grado de inversión.
El caso de las finanzas públicas paraguayas demuestra que es posible obtener el codiciado grado de inversión mientras se ahoga financieramente a los proveedores del Estado y se gobierna con un déficit encubierto y una mala calidad del gasto público.
Algunos cálculos señalan que con medidas de ajuste en el ámbito burocrático como la drástica reducción de recursos destinados a sobresueldo y bonificaciones, viajes y viáticos, alimentación de funcionarios públicos, eficiencia en las contrataciones públicas, reforma en las tercerizaciones para destinar esos recursos al MSPBS o al IPS no solo mejorará la calidad del gasto sino también los servicios de salud, sin que ello implique medidas de ajuste o austeridad en la población.
Por otro lado, es urgente discutir una reforma tributaria. Aunque se resuelva coyunturalmente la deuda flotante (constructoras y farmacéuticas), Paraguay necesita seguir invirtiendo en obras y servicios básicos como salud, agua potable y saneamiento, además debe pagar la deuda externa. Con el nivel de crecimiento económico que tenemos, quienes se benefician del mismo deben contribuir a financiar las obras que hacen posible ese crecimiento.
La salida de un ministro no debe ser la excusa para paralizar las reformas estructurales que necesita el fisco. Es clave para Paraguay garantizar los recursos que requiere el desarrollo y la eficiencia del gasto público.
