“Las víctimas relatan situaciones distintas. Te cuentan que se retrasaban en una deuda, que era (por ejemplo) de G. 1.000.000, y al día siguiente o dos días después ya les dicen: ‘Ya debés G. 5 millones, porque (la demanda) ya le dimos al equipo jurídico’”, relata la fiscala Lourdes Bobadilla, quien junto a su colega Gladys González están abocadas a la investigación.
En principio, en un allanamiento en el Juzgado, encontraron casi 70 expedientes de casos en los que el juez Jorge Franco Garelik firmó secuestros, favoreciendo a la playa de autos, cuando compradores se retrasaban una cuota. Luego, la cantidad de denuncias aumentó.
VÍCTIMAS. David contó que adquirió con su esposa un vehículo en octubre del 2022 de dicha concesionaria y entregó G. 17 millones, y a su vez firmó 36 pagarés de G. 3.325.000, que eran las cuotas pendientes.
“Pasados dos meses, como mi señora tuvo un tratamiento de cáncer, nos atrasamos una cuota, por lo que un oficial de Justicia, Carlos Yrala, fue hasta mi domicilio a llevar el vehículo y nos mostró la orden de secuestro firmado por el juez de Paz de Chaco’i”, contó.
Ese mismo día, fue a la playa de autos y allí encontró al oficial de Justicia, que también fungía de abogado de la empresa. Le mencionaron que si quería retirar el auto debía abonar G. 15 millones, de los cuales, G. 6 millones eran por gastos de recuperación y G. 5.700.000 para Yrala.
David habló con el dueño del local –Denis Steven Bareiro– y le pidió 15 días para conseguir el dinero. “Nos dijo que no, que si no tenía la plata, no había solución y ya no pude recuperar mi vehículo”, denunció.
Otra víctima, Teresa, en una publicidad de Facebook vio un auto que le gustó. Llegaron hasta la concesionaria y cerraron enseguida el negocio.
“Llevé plata en mano G. 15 millones... Fui pagando 3 meses sin problemas y al cuarto se me dificulta pagar, pero voy días después con el dinero”, contó.
Se acercó varias veces, pero le rechazaban el pago, porque supuestamente no estaba el cobrador. Finalmente, su vehículo fue secuestrado y le pidieron G. 5.020.000 para recuperar, pero que luego cambiaron el monto a G. 30 millones “sin dar explicaciones”.
Su hijo usaba el vehículo como Bolt y llegaron hasta la casa de él para secuestrar. Se fueron con patrullera, amenazando al hijo de llevarle preso si no entregaban los documentos del rodado.
Un caso similar ocurrió con Nathalia, quien adquirió un auto en diciembre del 2022, para ser conductora de Bolt. Entregó G. 20 millones, quedando 36 cuotas. En abril de este año, se atrasó una cuota, porque tuvo un accidente.
“Días después, en el taller de Itá, llegó un oficial de Justicia con la orden de secuestro del Juzgado de Chaco’i”, contó la mujer.
RASTREO. Los contratos de las víctimas, en una de las cláusulas decía que los autos adquiridos venían con GPS y que “en caso de remover, obstaculizar o entorpecer la funcionalidad del dispositivo”, se debía pagar G. 2 millones como “indemnización”.
Según investigaciones, ese GPS les permitió a los de la concesionaria secuestrar los autos, no importando dónde se encontraran.
El juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik (hoy suspendido y desaforado), está imputado por prevaricato y asociación criminal junto a su actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona. También fueron procesados el ujier Reinaldo Bordón Duisit (por asociación), y los oficiales de Justicia Marcelo Mereles y Carlos Yrala Fernández (estafa y asociación), quienes también eran abogados que patrocinaban las demandas de la concesionaria. Por parte de la playa de autos, fueron imputados Denis Steven Bareiro –presunto líder del esquema– y su padre Carlos Bareiro, por asociación y estafa. Todos ya tienen orden de detención. Supuestamente, el local vendía autos y ante el mínimo retraso de las cuotas, pasaba las demandas al juez, quien firmaba las órdenes de secuestro.
