Esta mañana se debía realizar la audiencia preliminar en el caso contra el ex jefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a más de otros acusados por el caso del supuesto direccionamiento de compras durante la pandemia hacia la empresa Tajy, que, según la Fiscalía, causó un perjuicio patrimonial de G. 306 millones.
Sin embargo, el abogado Bruno Stiven Aguayo, defensor de la acusada Cirle Elizabeth Alcaraz, había planteado por la excepción de incompetencia material, en razón de la cuantía, ya que el monto no alcanza los 5500 jornales para la competencia del juzgado de Delitos Económicos.
Con este argumento, el defensor solicitó la suspensión de la audiencia, ya que estaba pendiente la citada excepción de incompetencia, con lo que si era admitido el juez debía remitir el caso a los tribunales del Alto Paraná.
No obstante, el magistrado Humberto Otazú, esta misma mañana, antes de la audiencia, declaró inadmisible la citada excepción de incompetencia material, debido a que el pedido ya fue planteado anteriormente a por la abogada Gilda Portillo por la defensa de Miguel Prieto Vallejos, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Segovia y Maggi Elizabet Fariña Almada.
Otazú señala que ese pedido de incompetencia ya fue resuelto el 22 de abril del 2024, lo que fue ratificado por el Tribunal de Apelación Penal y la Corte. Con ello, entiende que ya no puede ser planteado otra vez, porque su competencia quedó firme, con lo que declaró inadmisible su excepción.
Además, apunta que está el delito de supuesta administración en provecho propio, que le daba la competencia al juzgado.
En la misma resolución, el magistrado también citó a audiencia disciplinaria al abogado Bruno Aguayo y a la acusada Cirle Alcaraz para el próximo 14 de octubre, a las 11:15, por el mencionado planteamiento que entendió que era inadmisible.
Recusación al juez
Ante esta circunstancia, la defensa de Bruno Stiven Aguayo, planteó recusación contra el juez basado en su supuesta parcialidad y falta de independencia, con lo que finalmente el magistrado tuvo que suspender la preliminar.
El abogado Roberto Carlos Benítez, defensor de Higinio Ramón Acuña, por su parte, se levantó y le gritó al juez que se apartara de la causa, ya que era ahijado del clan Zacarías Irún, enemigo político del intendente Miguel Prieto.
Le dijo varias cosas sobre que era parcial, que no podía reclamar respeto ya que no tenía la altura moral para ello, supuestamente por su vinculación con el citado clan Zacarías Irún.
Ante esto, y los gritos del profesional, el juez entendió que existía una conducta indecorosa por parte del abogado, por lo que dispuso su arresto disciplinario por parte de la Policía, según dijo, porque ofende a la magistratura.
Finalmente, la audiencia se suspendió, y el juez ahora debe elevar el informe al Tribunal de Apelación Especializado, que deberá resolver si corresponde o no que se aparte el juez de la causa.
Abogado arrestado
Ya en la oficina de guardia del Palacio de Justicia, el abogado Roberto Carlos Benítez, habló con la prensa. Explicó que eran muchos los procesados, que él era defensor de Higinio Acuña, y que se habían presentado excepciones en razón de la cuantía.
Explicó que el juez Otazú no era competente porque el monto del supuesto perjuicio de G. 306 millones y no alcanzaba los 5500 jornales para la competencia de los juzgados de Delitos Económicos.
Remarcó que eso era una oposición irrefutable, que es una cuestión matemática, lo que no daba lugar a criterios. No obstante, teníamos la convicción de que se iba admitir.
“En la audiencia nos llevamos la sorpresa de que la diligencia se iba a llevar adelante y que no se iba a estudiar el pedido”, refirió. El abogado añadió que ahí retoma la otra excepción que planteó la recusación por ser este juez tiene grado de parentesco con el clan Zacarías Irún.
“El juez Humberto Otazú admitió en un programa televisivo con Mabel Renfeld, donde ella le preguntó si usted es compadre del clan Zacarías, responde que sí. La diputada Rocío Abed es madrina de mi hijo contestó el juez”, dijo el abogado.
El profesional apuntó que es una configuración fatal, ya que viola el derecho humano y constitucional que toda persona que tiene que ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales. Refirió que no tiene ninguno de estos, y que es compadre de Zacarías Irún, enemigo de Miguel Prieto, uno de los procesados.
Afirmó que esta situación ya fue planteada y fue rechazada en Apelación y la Corte. Afirmó que están convencidos que el juez es parcial y sometido al clan Zacarías Irún. Acotó que el clan no era particular, sino que una es diputada (Rocío Abed), y el otro senador (Javier Zacarías), por lo que es un poder político.
Al abogado le llama la atención que Otazú insista con quedarse con la causa, y que refirió que porque le pidió que se apartara y le dijo otras cosas se ordenó su arresto. Alegó que iban a reunirse con el grupo de abogados para tomar las medidas necesarias.
