Uruguay registró 25 denuncias de extorsión en una sola semana y según los datos, los presuntos autores operan desde las distintas penitenciarías de nuestro país.
Los reclusos simulan ser jefes policiales y fiscales paraguayos para lograr extorsionar a sus víctimas en Uruguay. Algunas personas realizaron los pagos en dólares a cuentas en Paraguay.
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La Policía Nacional menciona que ante la campaña y la difusión que se dio en nuestro país a los ciberdelincuentes, ya les resulta difícil encontrar víctimas locales, por lo que buscan a nuevas víctimas en los países vecinos.
El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, manifestó a Telefuturo, que la estructura es muy grande porque están las personas que realizan el trabajo de inteligencia en las redes sociales, identifican el perfil de las personas, otra comienza a hacer el enganche con sus víctimas y otro grupo hace la extorsión.
“Siempre aparece una madre de la menor de edad supuestamente (en casos de sextorsión) y después ya aparecen las supuestas denuncias policiales con sellos apócrifos y la suplantación de los comisarios”, expresó.
Comentó que en la Operación Jetypeka pudieron “hacer un ataque en toda la estructura”, tanto las que estaban en los centros penitenciarios, como las que cobraban los dineros y las que falsificaban las actas policiales.
Operación Jetypeka en el 2020
Una de las mayores redes de sextorsión en el país fue desbaratada el 28 de mayo de 2020, mediante un gran operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía en el Departamento de Itapúa.
El procedimiento derivó en la caída de una amplia red de sextorsión, que operaba desde el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (Cereso) y que contaba con una gran logística trabajando desde afuera.
En aquella ocasión, la Policía Nacional informó que era una de las estructuras más grandes, llegando a mover más de G. 200 millones en los últimos dos meses de aquel año.
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Los valores de extorsión rondaban entre los G. 5 y 10 millones por día. Su modus operandi se centraba en la captación de víctimas en redes sociales y luego se trasladaba a la aplicación de mensajería WhatsApp.
Una vez realizado el sexting entraban en acción las personas que se hacían pasar por madres de las supuestas menores de edad.
Mediante la amenaza de denuncia por pedofilia y pornografía infantil coaccionaban a las víctimas y las obligaban al pago de un elevado monto de dinero.