La manifestación se realiza, por el momento, en la intersección de Eusebio Ayala y Choferes del Chaco, de Asunción, mientras el semáforo está en rojo. El objetivo es demostrar el malestar existente contra el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, propuesto por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo manifestado por Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, la intención es brindar información a los trabajadores para que se pueda entender qué está pasando en relación con la jubilación.
“Una mayoría de parlamentarios está queriendo llevar adelante la aprobación de la Superintendencia de Jubilaciones, una ley que va a afectar a los trabajadores en el sistema jubilatorio”, advirtió en entrevista con NoticiasPy.
Indicó que, una vez aprobada la normativa, se habilitará al superintedente de Jubilaciones a revisar la rentabilidad y sustentabilidad de cada Caja de Jubilación. Agregó que esto posibilitará que se eleve la edad de la jubilación a 75 años y el aporte de los trabajadores.
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Ojeda indicó, además, que la futura normativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, habilita la privatización de la capitalización individual; de esta manera, con USD 500.000 de capital ya se puede habilitar a una empresa a captar fondos.
Asimismo, eleva el prorrateo para la jubilación, pues de los últimos tres años de aporte que se utiliza actualmente para la jubilación se permitirá elevar hasta 10 años para hacer este cálculo.
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El representante sindical recordó que solamente el Instituto de Previsión Social (IPS) administra alrededor de USD 3.000 millones de fondos jubilatorios. Refirió que la normativa habilita al Estado a usar el dinero de los jubilados para fondear el pago de la deuda externa, financiar obras públicas, entre otros.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones el pasado 16 de mayo. El documento establece que el órgano será dependiente del BCP y la autoridad máxima de este órgano será un superintendente designado por el Poder Ejecutivo.
El proyecto fue presentado por el Ministerio de Hacienda; sin embargo, el texto no estipula un espacio de representación para los trabajadores, sino la creación de un Consejo Asesor integrado por el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y el presidente del BCP.
