Una tensa mañana se vivió este jueves en la Junta Municipal de Asunción ante el mensaje de la Intendencia por el cual se notificaba sobre la posible sanción ficta de los pedidos de ampliación presupuestaria para el reajuste salarial a funcionarios.
Los concejales debían tratar el tema en una sesión extraordinaria convocada únicamente para el efecto. Sin embargo, no se reunió el número mínimo de ediles para dar inicio a la asamblea.
El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Humberto Blasco (PLRA), informó a los medios que muy pocos legisladores municipales estuvieron presentes, casi todos de la oposición.
Mientras sucedía eso, funcionarios de la Comuna capitalina coparon el recinto municipal para seguir presionando por su aprobación y exigían un debate público. En el lugar se registraron escaramuzas y una persona resultó herida.
El conflicto del reajuste salarial se incrementó el miércoles con la manifestación de los trabajadores para reclamar ese incremento para quienes no cuentan con el mínimo vigente y los beneficios establecidos en el contrato colectivo.
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Ante esa situación, la Intendencia comunicó al cuerpo legislativo el cumplimiento del plazo establecido en la Ordenanza 3966/10 de 45 días para la sanción ficta de los tres pedidos de ampliación presupuestaria.
Sin embargo, el presidente de la Junta, Humberto Blasco, sostuvo que aún no se cumplió el plazo legal y que las comisiones asesoras de Legislación y Presupuesto de la Junta todavía deben expedirse sobre el reajuste de salario de funcionarios.
Afirmó que los pedidos de la Intendencia se pueden estudiar hasta fin de mes, si se acepta o no.
“El mensaje fue devuelto el 1 de setiembre y la Ley Orgánica habla de 45 días corridos, así que, a mi juicio particular, no se han cumplido los plazos todavía (...). Ellos (Intendencia) asumieron toda la responsabilidad de sancionar la ordenanza sin la participación de la Junta”, señaló.
El expediente había ingresado a la Junta Municipal inicialmente el 30 de julio pasado, pero fue retirado por Blasco y a pedido del concejal Mariano Cáceres (ANR) fue introducido de nuevo hace dos semanas. Por esa razón está la discrepancia de los plazos legales.
No obstante, Blasco indicó que el intendente César Ojeda (ANR) puede aplicar el incremento, pero que los ediles analizarán cuáles son las acciones a tomar al respecto. Dijo que se intentará tratar nuevamente el mensaje el miércoles de la próxima semana en una sesión ordinaria.
Sindicalistas piden debate público
Mirtha Arias, una de las dirigentes de sindicatos, negó que haya aumento y que se trata de un reclamo justo para toda la gente que estuvo trabajando en la calle durante la pandemia, informó la periodista de Última Hora Karina Godoy.
“Queremos un debate público porque no hay aumento de salario y nos meten en un sándwich a todos, desde el 1 de julio debió haberse dado el aumento”, expresó.
José Asunción Mato Céspedes, otro sindicalista, aseguró a NPY que el reajuste no supera los G. 7.500 millones y que esto implica regularizar el salario mínimo de 368 funcionarios operativos.
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“Estos compañeros operativos están cobrando el salario mínimo vigente anterior decretado por el Gobierno Central y que sufrió un reajuste del 4,4%. Esa diferencia se tiene que equilibrar, caso contrario incurriría en una ilegalidad al tener que contratar a trabajadores con un salario inferior de lo que establece la ley”, agregó.
El concejal Elvio Segovia (PDP) explicó que, actualmente, el mensaje de la Intendencia está en tratamiento en la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal y que “cualquier vencimiento es un engaño”. Calificó la actuación del jefe comunal como “acto populista” hacia los funcionarios.
El concejal Álvaro Grau (PQ) señaló el miércoles que, si el intendente da el aumento sin la aprobación de la Junta, presentará una demanda por lesión de confianza.
Son tres los pedidos de ampliación presupuestaria a la Junta Municipal. Uno de ellos para el reajuste salarial por valor de G. 7.166.308.890, otro monto total de G. 4.500.000.000 que señalan es en el marco de la declaración de emergencia por Covid-19 y un tercer mensaje en el que solicita la reprogramación de ingresos, por un monto total de G. 170.026.819.688 y el pedido de ampliación de ingresos y gastos, por un monto total de G. 44.229.650.504.
