25 ago 2026

Ratifican pena de un indígena miembro de brigada del EPP

27627175

Confirmado. J. P. G., condenado a 7 años de prisión.

archivo

El Tribunal de Apelación Especializado ratificó la condena de 7 años de cárcel para el indígena J. P. G., sindicado como miembro de la Brigada Indígena de Ajusticiamiento de Matones de Estancias Ejército del Pueblo Paraguayo.

La resolución fue dictada en forma unánime por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas. Confirmaron la sentencia dada en el juicio oral el 30 de octubre del 2023 por los jueces Alba González, Dina Marchuk y Gloria Hermosa.

Según se probó en el juicio oral, J. P. G., alias Derlis, junto con unas 20 personas, entre hombres y mujeres, todos miembros del EPP, el 8 de julio de 2019, irrumpieron en una estancia en Cerro Guazú, Concepción, donde mataron a Avelino Camargo e incendiaron la estancia.

Fue hallado culpable de asociación terrorista, por lo que le condenaron a la citada pena, ya que era menor de 17 años. Esto fue apelado por el defensor público Carlos Arce, que pidió anular el fallo y un nuevo juicio oral. La Fiscalía pidió ratificar el fallo.

Los jueces analizaron la sentencia y entendieron que se respetaron todos los derechos del menor y otros como indígena, por lo que en forma unánime confirmaron la resolución. Ahora, la defensa podría recurrir a la Sala Penal de la Corte en casación.

Más contenido de esta sección
Audiencia. Pedirán hoy una reunión con el fiscal general para exigir una investigación profunda.
Investigación. Reiteran que los consejeros también tienen responsabilidad en las licitaciones.
Una grave disputa familiar por la adjudicación de tierras en el asentamiento Lomas Tuyutí, una comunidad rural del distrito de Eusebio Ayala, en el Departamento de Cordillera, mantiene en constante zozobra a Marta Beatriz Velázquez Villagra, una humilde vendedora de 53 años. La mujer denuncia amenazas continuas, invasión a su lote y una alarmante inacción por parte de las autoridades locales e institucionales, en especial del Indert y la Policía Nacional.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que Roberto Damián Garcete Rodríguez (padre) y Roberto Alejandro Garcete Cano (hijo y presidente del Club Deportivo Resistencia) deberán ser juzgados por un Tribunal de Sentencia, dos años después que el caso fuera elevado a juicio por usura y lavado de dinero. Ambos habrían prestado G. 200 millones a una persona y, bajo engaños, le habrían hecho firmar la transferencia de su vivienda, valuada en más de G. 1.000 millones.
Un guardia de seguridad de 64 años falleció durante la madrugada de este lunes tras caer de la muralla perimetral del Cementerio del Este, sobre la avenida Santa Teresa de Asunción. Intentó trepar el muro para ingresar a su lugar de trabajo, luego de percatarse de que había olvidado las llaves del acceso principal.
El juez Rodrigo Estigarribia autorizó extraer datos del teléfono de Pánfilo Saldívar, funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), imputado por tráfico de influencias, ya que habría solicitado una coima de G. 3 millones para “mediar” con el médico y así “agilizar” una cirugía sensible.
El Tribunal de Sentencia que debe juzgar a la ex jueza de Paz de Asunción Nathalia Garcete, involucrada en la mafia de los pagarés, suspendió el juicio oral programado para este 24 agosto, por pedido de uno de los acusados. En su lugar se fijó como nueva fecha el 8 de febrero, a las 08:00. Los jueces también hablan de alta carga de juicios “de igual complejidad”.