El conflicto territorial abarca una propiedad de 14 hectáreas —parte de un excedente expropiado originalmente en 1994— que correspondía a sus fallecidos padres.
Tras el deceso de ambos progenitores, la controversia por la delimitación del terreno recrudeció entre Marta y su hermano, Elvio Velázquez Villagra.
A fin de destrabar el litigio, la denunciante acudió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para solicitar formalmente la división del inmueble en partes iguales (7 hectáreas para cada uno).
Sin embargo, acusa a la entidad estatal de dilatar el proceso y no otorgarle la adjudicación oficial que respalde la titularidad de su fracción.
“Nosotros fuimos de los primeros ocupantes cuando se expropió este asentamiento. Ahora el Indert me da vueltas, no resuelve el trámite y mi hermano se niega a la división porque la tierra aún no fue saldada en su totalidad”, manifestó la afectada.
Más allá del reclamo de la propiedad, doña Marta señala que la convivencia se ha vuelto insostenible. Afirma que su familiar reclutó a personas ajenas a la comunidad —presuntamente vinculadas a la venta de crac y al microtráfico— para amedrentarla, destruir los alambrados que instaló e ingresar por la fuerza a su vivienda.
Asimismo, sostiene que en el inmueble colindante presuntamente ocurren graves hechos punibles, entre ellos, abusos sexuales contra menores, los cuales ya contaría con reiteradas denuncias formales ante la Policía Nacional y la Fiscalía sin haber obtenido respuestas efectivas.
Tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional cuentan en sus escritorios con denuncias de los distintos hechos que incluyen invasión a la propiedad, prohibición de alejamiento por proferir agresiones verbales y amenazas incluso a los hijos de doña Marta, además de desacato a la autoridad y la quema de pastizal y basura.
La mujer también denuncia una fuerte contaminación ambiental, debido a la quema intencional de pastizales y basura cerca de su vivienda, con el fin de dañar a la misma y a su familia.
Además, refirió que debe cuidar a su hijo menor de 12 años y a su otro hijo de 37 años, con discapacidad, quien la acompaña permanentemente en la calle, en su trabajo de vendedora de cartones de lotería, pues no lo puede dejar solo.
La víctima, quien padece problemas de salud derivados de la diabetes, apela a la intervención urgente del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Indert para resguardar su integridad física y regularizar la adjudicación del terreno, antes de que la violencia derive en hechos fatales.
Nuestro medio intentó obtener la versión de don Elvio Velázquez, quien refirió escuetamente que su terreno es sólo de 7 hectáreas, luego corto la comunicación y ya no contestó a nuestras llamadas.
