Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y los jubilados realizan hoy una manifestación frente a la sede de la Fiscalía General del Estado. La convocatoria de hoy está prevista para las 09:00, donde el gremio pedirá mantener una reunión con el fiscal general Emiliano Rolón, exigiendo que no queden impunes los casos de corrupción que investiga el Ministerio Público.
Principalmente, exigirán que avance la investigación por los quirófanos modulares, que la previsional debía recibir por parte de la empresa Neighpart y seis años después del contrato, sigue sin cumplirse.
“Estamos pidiendo una audiencia con el fiscal general del Estado para expresarle nuestra inquietud, para que estas imputaciones de dos ex presidentes del Instituto de Previsión Social y otros altos funcionarios no quede en el opareí”, expresó al respecto Julio López, vocero de la Coordinadora de Asegurados Activos y Jubilados del IPS.
Preocupa que pese a que se están abriendo las causas penales para investigar irregularidades en la previsional, estos puedan quedar impunes.
“Nuestra Justicia nos tiene acostumbrados a que la corrupción que existe también esté acompañada de la impunidad. Y nosotros creemos que hay muchísimos casos más”, resaltó López.
La protesta de hoy es para exigir cuatro puntos específicos, señaló, que son el caso de los quirófanos fantasmas, el castigo ejemplar a los responsables, obligándoles a devolver lo robado, además de la ampliación de imputación contra todos los responsables de hechos de corrupción en la previsional.
Responsabilidad. Desde la Coordinadora de Asegurados del IPS afirman que “hay deficiencias” en la investigaciones, principalmente en la causa de los quirófanos fantasmas. Al respecto, López reclamó que “Las imputaciones son selectivas”.
En ese sentido, explicó que no solo los presidente del IPS tienen responsabilidad en el presunto perjuicio al IPS con la falta de provisión de los quirófanos, ya que la empresa recibió los pagos, pese a incumplir con el contrato y a no entregar los equipos.
“Los miembros del Consejo también deberían ser investigados, porque la propia Carta Orgánica de la previsional establece que el responsable principal de la administración, el encargado de las contrataciones, el encargado de las compras en última instancia es el Consejo de Administración”, cuestionó López.
Por su parte, Pedro Halley, ex gerente del IPS, también criticó que “hay mucha responsabilidad del Estado por la situación deficitaria del sistema de salud”, teniendo en cuente que el presidente de la República, Santiago Peña sostuvo al ex titular de la previsional pese a los cuestionamiento a su administración. “Si la ciudadanía no se mueve para exigir que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, esto va a terminar como muchos otros casos en el famoso opareí”, aseveró.
- “Nuestra Justicia nos tiene acostumbrados a que la corrupción que existe también esté acompañada de la impunidad”. Julio López, vocero.
Fiscal descarta investigación al hermano de Bataglia
El fiscal Julio Ortiz descartó que dentro de la investigación por las irregularidades en la provisión de 11 quirófanos modulares al Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentre en la mira el abogado Carlos Bataglia, hermano del ex presidente de la previsional Vicente Bataglia.
Hace unos días surgió el nombre del profesional, sindicado que también podría estar siendo investigado como un supuesto intermediario entre los contratos que hacía el ex titular del IPS cuando estaba al frente de la institución.
Al respecto, el fiscal señaló que “al menos en la causa que investigo yo, no”.
Con esto, el agente descarta que el abogado sea sujeto a investigación por supuestas licitaciones direccionadas dentro de la previsional.
la causa. El médico Vicente Bataglia actualmente se encuentra imputado y con arresto domiciliario, usando una tobillera electrónica, por supuestamente ser uno de los responsables de desembolsos irregulares a la empresa Neighpart, en la contratación para la entrega de quirófanos modulares.
Los hechos que lo atribuyen es por supuesta lesión de confianza tras haber avalado, mediante adendas, la postergación del plazo de entrega de un contrato para la instalación de quirófanos, pese a varias irregularidades detectadas por una auditoria interna y la recomendación de suspender el contrato.
La investigación penal se centra en el contrato con la empresa Neighpart por un monto de G. 53.000 millones para la provisión de equipos para la instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Hospital Central.
Una vez firmado el contrato, el Instituto de Previsión Social procedió al desembolso del 20% como anticipo. Esto ocurrió durante la administración de Andrés Gubetich. Luego, tras asumir al cargo Bataglia, se procedió a ampliar el plazo de entrega de los equipos y las obras, además de realizar más desembolsos millonarios aprobadas con adendas. Estas irregularidades siguieron en la administración de Jorge Brítez, hasta que el caso tomó intervención la Fiscalía. Sin embargo, hasta la fecha no existen los quirófanos modulares.
