Sin acuerdo con las víctimas de la mafia de los pagarés, la fiscala adjunta Gilda Villalba ratificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para los ex ujieres Audrey Galeano y Alfredo Benítez, quienes aceptaron los cargos y cuentan con vínculos políticos y judiciales. Esto fue cuestionado: “¿Desde cuándo una donación a la caridad repara a las familias despojadas de sus sueldos?”
Ambos –con vínculos políticos y judiciales visibles– habían sido imputados por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
La abogada Diana Vargas, directora de la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés, tildó el pedido de suspensión como un “traje a la medida para blanquear a operadores con vínculos políticos”.
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Sostuvo que no sorprende esta salida procesal, justamente por quiénes son los beneficiados.
“Estamos ante funcionarios públicos (ujieres notificadores), que actuaron a sabiendas de la ilicitud de sus actos (reprochabilidad confirmada por la propia Fiscalía) para consumar la desposesión de miles de compatriotas”, lamentó.
Insistió en que para otorgar la suspensión condicional, el procesado debe haber reparado el daño provocado a la víctima, firmado un acuerdo de reparación o demostrado fehacientemente su voluntad de hacerlo y “¿acaso eso ocurrió con las víctimas de estos funcionarios?”, se preguntó.
Vargas describió esto como un “contorsionismo jurídico”, donde la Fiscalía pretende dar por cumplido este requisito proponiendo una “reparación social mediante el depósito de sumas de dinero en algún hogar”.
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“¿Desde cuándo una donación a la caridad repara a las familias despojadas de sus sueldos por notificadores que fraguaron actas públicas para ejecutar pagarés falsos o armados?”, continuó.
Diana Vargas expuso que la reparación social jamás puede sustituir la reparación directa a la víctima.
Notificaciones falsas
La Fiscalía confirmó que Audrey Jazmín Galeano Mora “consignó falsamente” en sus informes sobre 16 notificaciones en los juicios de acción preparatoria de juicio ejecutivo.
En una sola fecha, el 2 de mayo del 2024, ella hizo figurar que notificó a diferentes personas en Asunción, Minga Guazú, la ciudad de Santa Elena, Ciudad del Este y por último en Capiatá. Todo supuestamente se hizo en una sola hora.
Eso ocurrió con las demás diez notificaciones.
Y con relación a Alfredo Benítez, el Ministerio Público confirma que él informó falsamente en 19 expedientes que se hicieron las notificaciones y el caso continuó a espaldas de esas personas.
La fiscala pide al juez Rodrigo Estigarribia una “reparación social” con dinero a un hogar de beneficencia.
El magistrado antes se opuso a otorgarles la suspensión.
