Jalil Rachid, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), salió al paso de las críticas a su cartera tras la muerte de un líder indígena y de un profesor presentados como supuestos criminales vinculados a Santiago Felipe Acosta, alias Macho. Aseguró que sus agentes fueron sorprendidos por ellos y que tenían fusiles de guerra en su poder.
Mientras que el senador Rafael Filizzola cuestionó el operativo y adelantó que promoverá la comparecencia ante el Congreso de las autoridades y responsables del procedimiento para esclarecer las circunstancias del procedimiento y las muertes. Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado en el que también criticó el actuar de la Senad.
En sus argumentos, Jalil admitió que el procedimiento no fue filmado por los agentes porque se habría dado de forma sorpresiva.
“Estábamos preparando el ingreso cuando nos encontramos con este vehículo. Esto fue flagrancia. Teníamos trabajo de inteligencia e información. Hasta en las redes sociales de la comunidad se ve que ostentan uso de armas de grueso calibre, eso es público”, explicó.
Sobre las denuncias realizadas por el padre de Catalino Correa, uno de los fallecidos, que denunció que tanto su hijo como el líder indígena fueron torturados, el ministro de la Senad, remarcó que se trató de una investigación en conjunto con la Fiscalía antidrogas e insistió en que las personas fallecidas tenían fusiles de asalto en su poder y que por ello se produjo el intercambio de disparos.
Entretanto, para el senador Filizzola existen interrogantes sobre la posición de las armas encontradas y la posibilidad de que hayan sido utilizadas desde el vehículo en el que se desplazaban las víctimas. “Hay muchas interrogantes”, afirmó Filizzola. También se refirió a las denuncias formuladas por familiares sobre supuestas torturas. Aclaró que no puede afirmar que esas denuncias sean ciertas, pero sostuvo que deben ser investigadas debido a la gravedad de los hechos. Por último, plantea que el Congreso debería abordar el caso y no limitarlo a una discusión dentro de la Mesa Directiva.
Mientras que el comunicado del MNP resalta que “las muertes de Yhapo deben ser investigadas bajo estándares de derechos humanos”.
“Con creciente preocupación observamos el apartamiento de las fuerzas de seguridad, en especial de la Senad, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, tal como se evidencia en el accionar de los agentes especiales de esta secretaría dependiente del Poder Ejecutivo”, señala parte del escrito y remarca: “El MNP cree apropiado que la investigación fiscal sea llevada adelante por la Unidad Penal Especializada de Derechos Humanos, teniendo presente que se podría estar ante hechos que se apartan del principio de legalidad...”
