08 oct 2026

“Quieren criminalizar la lucha por la tierra”, lamenta Teodolina Villalba

Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizan a nivel nacional en rechazo al proyecto de ley que pretende convertir en crimen la lucha por la tierra y que se trata este jueves en la Cámara de Senadores.

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Diferentes organizaciones se unen para pedir rechazo de proyecto de ley que aumenta pena de cárcel por invasión de tierras.

Foto: Gentileza

Así lo anunció Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), quien manifestó que decidieron movilizarse en contra del proyecto que busca aumentar la pena por invasión de tierras.

La dirigente aseveró que el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 142 de la Ley 3440/2008, que modificó el artículo 142 de la Ley 1160/1997 del Código Penal Paraguayo (CPP), solo busca criminalizar la lucha por la tierra.

“Quieren criminalizar la lucha, el problema de la tierra es cada vez más grave”, advirtió Villalba en contacto con Monumental 1080 AM.

Los campesinos tienen planeado llegar hasta el Congreso Nacional a la espera del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores previsto para este jueves.

La secretaria general de la FNC sostiene que con todo esto, “una vez más, al campesinado y a los indígenas se los hace a un lado”.

Igualmente, advirtió que el problema de la tierra se agrava cada día y consideró que urge crear debates con los diferentes sectores para dar una salida a la situación.

Lea más: Organizaciones sociales se movilizan en rechazo a mayor pena por invasión de tierras

“Esto es una preocupación que tenemos. Se debe buscar soluciones y no leyes que van en contra del pueblo”, puntualizó.

Con la consigna “Robar tierras públicas es crimen” los campesinos se movilizan en Asunción, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Guairá, Caazapá, Misiones, Itapúa y Concepción.

El proyecto de ley busca convertir en crimen al hecho punible de invasión de inmueble. Actualmente, el Código Penal establece para esta figura una pena de hasta dos años de prisión o multa.

La propuesta que debe estudiarse aumenta la pena a seis años en algunos casos y, cuando hay violencia y otros elementos más, hasta 10 años de cárcel. A partir de un marco penal de cinco años de prisión, los hechos punibles son considerados crímenes y no son posibles las medidas alternativas.

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