La literatura política contemporánea define al “Estado fallido” no solo por el colapso de sus instituciones de seguridad, sino por su incapacidad progresiva para garantizar los derechos más elementales a sus ciudadanos. Paraguay, en su presunto “auge económico” con doble grado de inversión y crecimiento sostenido del PIB, camina peligrosamente por esa cornisa.
No necesitamos invasiones de grupos paramilitares para ser un Estado fallido; nos basta con mirar el derrumbe silencioso de nuestro sistema de garantías, ejemplificado perfectamente en el Instituto de Previsión Social (IPS) y contrastado con la hipérbole mediática que rodea la salud de la clase política.
La Constitución Nacional, en sus artículos 68 y 69, es lírica en su redacción: Declara que “el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental”. Sin embargo, la distancia entre el papel y la realidad es un abismo donde mueren a diario la dignidad y la esperanza de los paraguayos.
Para ser asegurado activo del IPS, el trabajador entrega el 9% de su salario, y su empleador, el 16%, en un esfuerzo que debería garantizarle tranquilidad. Pero la realidad es que ese aporte solo compra un boleto de entrada a un laberinto burocrático.
Imaginemos a María, una trabajadora de 50 años con décadas de aportes. María empieza su día a las 03:00 de la madrugada. No va a una cita de negocios, va a IPS Ingavi. Llega para sacar turno con un especialista. A las 05:00, la fila ya serpentea por los pasillos. Cuando las ventanillas abren, el sistema de agendamiento “colapsa” misteriosamente.
La odisea termina sin turno.
Si María consigue turno para tres meses después, el especialista le solicita un estudio. Ahí empieza otro calvario: No hay insumos, el aparato está roto, o la excusa del día.
Desesperada, acude a la Defensoría del Pueblo para iniciar un amparo judicial. Necesita copias autenticadas, recetas con sello de “carencia del medicamento”, informes médicos.
Este es el día a día. Un sistema tan fragmentado que los derechos se han judicializado. Los asegurados recurren a la justicia porque el sistema administrativo ya claudicó.
En este paisaje de abandono, la cobertura mediática actúa con esquizofrenia reveladora. Mientras María espera meses por una cirugía, el foco de la atención pública está dedicado al delicado estado de salud de un ex presidente, a los partes médicos desde la clínica de élite, a las flores enviadas. Se construye un drama nacional alrededor de una cama que no tiene colas, ni falta de medicamentos, ni huelgas de enfermeros.
La disparidad es grotesca. La enfermedad de un político se humaniza y une al país en compasión. Pero la enfermedad crónica del sistema (la que afecta a miles de Marías) está normalizada, un día más en nuestro país.
Esta cobertura selectiva es el espejo de un Estado fallido. Nos venden la ficción de que la salud es valor supremo para figuras públicas, pero es un derecho de segunda para el ciudadano común.
Mientras no exista la misma atención por la precariedad del sistema público que por la salud del político de turno, Paraguay seguirá siendo fallido.
