Detrás de la fachada de una experimentada abogada, con larga trayectoria por los juzgados, se escondería una de las mentes más calculadoras de la mafia de los pagarés. Hablamos de Zully Concepción Ortiz, quien –según fuentes– no es alguien improvisada, sino se trata de quien conoció las grietas del Estado desde adentro para luego aprovechar en un presunto sistema de estafa.
Su paso por el MEC
La trayectoria de Ortiz en el entramado de descuentos automáticos y la ejecución masiva de pagarés se remonta a su paso por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde se desempeñó como funcionaria entre el 2012 y 2014.
Y no se trata de un dato menor, ya que una de las modalidades centrales de la mafia de los pagarés, identificada por la Comisión Especial del Senado, se apoya precisamente en el acceso y uso irregular de las bases de datos salariales de instituciones públicas, principalmente las de Educación y Ciencias.
La investigación de la Comisión también se enfoca en el sistema de descuentos automáticos por operaciones supuestamente realizadas con casas comerciales, canalizadas otra vez por medio de asociaciones.
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En ese entonces, funcionaban las operaciones de préstamos usurarios mediante empresas como San José Muebles, RTO, Vanessa y Asociados SA, y la Asociación de Educadores Ovetenses, bajo la apariencia de ventas de electrodomésticos, y la abogada Zully Concepción Ortiz habría formado parte de eso.
El modus operandi era créditos encubiertos, cuyos descuentos se aplicaban durante años directamente sobre las cuentas salariales de docentes y jubilados.
Y “el MEC, lejos de ejercer controles mínimos, no exigía contar con las autorizaciones originales para verificar la autenticidad de las firmas. Bastaba con que una asociación solicitara el descuento”, explicó Diana Vargas, directora de la Comisión de Investigación en el Senado.
En este contexto, Zully Ortiz asumió el rol de asesora jurídica de la Asociación de Educadores Ovetenses, organización que ya en 2016 fue objeto de investigación penal a cargo de la fiscala Teresa Sosa, causa en la que emergieron miles de docentes víctimas.
En paralelo a la función pública, Zully Ortiz ejercía como abogada, título que obtuvo en la Universidad Nacional de Asunción en 2003, “configurando un evidente conflicto de intereses que facilitó el despliegue de estas prácticas”, precisó Vargas.
Sistema de “expoliación”
Como Ortiz tenía información salarial sensible y acceso a los datos sobre la capacidad de endeudamiento de las víctimas, entonces “generaba documentos irregulares”, dijeron desde la Comisión.
¿Qué tipo de documentaciones? Principalmente autorizaciones de descuento, sin monto total ni cantidad de cuotas, una práctica denunciada por la Comisión Especial del Senado y reclamada tanto al MEC y a la Dirección General de Jubilaciones, sin respuesta.
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Operativo en los Juzgados
Todo su historial demostraría que el MEC fue su fuente de datos, pero los juzgados de Paz su campo de batalla.
A los descuentos vía Giraduría del MEC y de la Dirección General de Jubilaciones, se sumaba una segunda etapa del esquema: La ejecución judicial de pagarés, muchos con firmas falsificadas, tal como las propias víctimas denunciaron.
Aquí el rol de la abogada Zully Ortiz fue indispensable dentro de los juzgados de Paz, principalmente en Mariano Roque Alonso y Benjamín Aceval, donde, según denuncias, ejercía un control absoluto del funcionamiento interno.
Incluso, se descubrió el sello de uno de los jueces en el estudio jurídico de ella y los supuestos funcionarios judiciales eran, en realidad, empleados de su despacho, según se descubrió en la investigación en el Senado.
Ortiz, según las denuncias, triplicaba los montos originales alegando honorarios inflados y documentos falsos.
Y al intentar reclamar, las víctimas chocaban con maltratos y amenazas, denuncian.
Vargas explicó que Zully Ortiz supo utilizar cada una de las instancias a su favor.
PERFIL
- Nombre completo
Zully Concepción Ortiz García
- Situación legal
Imputada en cuatro causas y con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple).
- Presuntos hechos
Estafa, producción de documentos no auténticos, coacción y amenaza de hecho punible.
- Empresas vinculadas
Vanessa y Asociados SA, San José Muebles, RTO.
- Principales víctimas
Docentes activos y jubilados, trabajadores asalariados.
La caída de la abogada
El colapso del esquema de la abogada Zully Ortiz inició en 2023 con una suspensión por parte de la Corte.
Pese a eso, ella seguía operando hasta este año, según confirmó la abogada Noelia Núñez. Se la veía por los Juzgados, tramitando juicios en contra de las víctimas.
El 21 de enero de 2026 marcó un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de presuntas estafas. Ya allí la Fiscalía tuvo indicios de coacción y amenaza en su contra, por supuestamente intentar silenciar a la prensa.
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En una escena que las víctimas no tenían esperanzas de ver, Zully Ortiz terminó siendo esposada luego de intentar abalanzarse a la fiscala Ruth Ortiz y resistirse a un allanamiento en su domicilio de Asunción.
Fue imputada junto a su presunta cómplice de amenazas, Evelin Paredes, y ambas están con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad en Emboscada (Comple).
Amenazas a los denunciantes
Según datos de la Fiscalía, aparte del esquema de estafa, Zully Ortiz empezó supuestamente a amenazar a los que la denunciaban.
La abogada Noelia Núñez comenta que fue una de las víctimas. A raíz de ello, sus hijos tuvieron que abandonar sus trabajos porque estaban siendo seguidos y ella dice que tuvo que cerrar sus redes sociales, por las presuntas amenazas.
El otro caso involucra al periodista Carlos Benítez, dueño del medio El Observador, quien publicó masivamente sobre la mafia de los pagarés, y especialmente contra Zully Ortiz.
El 18 de setiembre de 2025, desconocidos dispararon tres veces contra su vivienda. Los proyectiles impactaron en la verja, la puerta de acceso y la ventana frontal.
La fiscala Ruth Benítez dijo en la imputación que se inició en contra del periodista y su medio una campaña de desmoralización y persecución mediante cuentas falsas de Facebook, denominadas “Victoria Triunfante”, “Ysabella Podesta” y “Luis Alberto Quintana”.
Se sospecha que la que ideó la campaña de amenazas, en realidad, habría sido la abogada Zully Ortiz, y la que ejecutó es Evelin Paredes.
