17 sept 2026

Estudian transferencia a otros entes de funcionarios de Copaco

Estatal sobrecargada. Estatal telefónica opera con el doble de funcionarios de los que precisa.
Eliminar bonificaciones. La iniciativa estipula cortar bonificaciones para altos funcionarios.

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Vuelven. Tras suspender actividades por feriado de la Albirroja, diputados tendrán cargada agenda para tratar.

Archivo.

La Cámara de Diputados llevará a cabo hoy desde las 14:00 su sesión extraordinaria con varios puntos en agenda entre los que destacan la iniciativa que contempla la transferencia “excepcional” de funcionarios de la estatal telefónica Copaco a otros entes del Estado; además, la cámara tiene previsto tratar el proyecto de ley por el que se estipula la prohibición del pago de bonificaciones a altas autoridades.

Luego de que la semana pasada no pudo desarrollar su sesión ordinaria debido al feriado por la victoria de Paraguay ante Alemania, la Cámara de Diputados tiene previsto hoy el estudio de 14 puntos en su orden del día.

El proyecto de mayor repercusión a ser tratado es el que busca autorizar la transferencia laboral excepcional de trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA) a instituciones del Estado. La Comisión de Legislación aconsejó rechazar la iniciativa del diputado José Rodríguez.

El impulsor del proyecto fundamenta la iniciativa en la seguridad de que distintas instituciones estatales requieren personal capacitado y con experiencia y considera que Copaco puede dotar de esos recursos humanos.

Posturas. Si bien la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados ya emitió un dictamen de rechazo al proyecto citado y otras comisiones todavía no fijaron una postura, el gremio de los trabajadores de Copaco estaría a favor de la medida impulsada.

Meses atrás, los sindicalistas de la estatal se reunieron y pidieron garantías al Ejecutivo para los trabajadores y que el traslado paulatino a otras instituciones sea con el afán de que no pierdan el seguro social, así como existe la intención de que una buena cantidad se acoja al retiro voluntario estipulado por ley.

Actualmente, la presidenta de Copaco, Natalia Borgognon, reconoce que una eventual transferencia de funcionarios ayudaría a disminuir el gasto mensual en salarios, que ronda los G. 12.000 millones.

En este momento, varios de los funcionarios constantemente realizan medidas de fuerza en respuesta a la falta de transferencia de sus haberes.

Sin embargo, Borgognon advirtió que la iniciativa debe contemplar las diferencias entre el régimen de una empresa pública y las instituciones que incorporan funcionarios mediante concursos.

Dijo que se trata de una ley muy debatida porque entra a analizar si hubo o no concurso para el ingreso. Advirtió que entrar a Copaco no debe constituir una puerta giratoria para pasar directamente a la función pública.

Según datos oficiales, la estatal contaba con 3.000 trabajadores, pero se redujo a 2.500, principalmente mediante programas de retiro voluntario. El gremio de empleados, sin embargo, recientemente contabilizó unos 2.330 funcionarios.

Lo cierto y lo concreto es que la estatal podría bien desarrollar sus actividades con la mitad de los empleados.

Recorte de bonificaciones. Otra propuesta de ley que se pondrá en debate en la plenaria es la prohibición de bonificaciones para altas autoridades, proyecto que plantea prohibir, durante el ejercicio fiscal 2026, el pago de bonificaciones cualquiera sea su denominación a las máximas autoridades de instituciones que ocupen cargos de conducción política y de conducción superior del Estado.

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Yamil Esgaib, emitió un dictamen de rechazo.

El proyecto apunta a legisladores, presidente y vicepresidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor general, gobernadores, intendentes y directivos de entidades descentralizadas.

Asimismo, los diputados debatirán un proyecto que modifica el artículo 189 de la Ley 1680/01del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual propone el cese automático de la pensión alimenticia al cumplir los 18 años, sin necesidad de trámites judiciales. Sin embargo, la obligación se mantendría en casos de incapacidad física/mental, discapacidad o por continuidad de estudios universitarios, siempre que se justifique.

Se suma al orden del día, decidir la integración del Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

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