El magistrado, que interina a su colega Humberto Otazú, analizó la situación de los encausados, debido a que no se pudo realizar la audiencia preliminar ante las numerosas incidencias y recusaciones.
Con ello, revocó la libertad ambulatoria y ordenó el arresto domiciliario de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, cónyuge del diputado Esteban Samaniego, quien también está imputado, pero nunca fue desaforado para enfrentar el proceso.
Igual medida cautelar adoptó contra Gloria Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador colorado, y con los coprocesados Manuel Olazar Duarte, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Todos ellos están acusados por supuestos hechos de corrupción en la Comuna del Departamento de Paraguarí.
Según sostiene el juez, es razonable inferirse que en la conducta de los acusados existe una evidente falta de voluntad de sometimiento a las resultas del proceso, sumado a un sistemático entorpecimiento del curso normal del procedimiento, que afecta de manera “directa y perjudicial” a los demás coprocesados de la causa, así como a la correcta administración de la Justicia.
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“Si bien este Juzgado no objeta el ejercicio legítimo del derecho a la defensa y de las facultades recursivas, resulta imperativo resaltar que las conductas de los acusados no pueden ser analizadas de manera aislada, sino dentro del contexto general de una causa que ha sido sistemáticamente frustrada en múltiples ocasiones”, asegura.
Indica que, a pesar de haber sido beneficiados con la medida cautelar menos gravosa por el juez, su respuesta fue la articulación de mecanismos que dilatan el transcurso correcto del proceso.
“Esta conducta evidencia que dichas medidas otorgadas originalmente están siendo instrumentalizadas para eludir el correcto sometimiento a la Justicia, desnaturalizando los fines procesales de las medidas cautelares vigentes”, sostiene.
Con ello, el juez revoca la libertad otorgada a los procesados y dispuso la aplicación del arresto domiciliario a todos los encausados, con las tobilleras electrónicas, por el que deben abonar el canon, y con el control aleatorio de la Policía Nacional.
