El abogado, Luis Aponte, adelantó que apelarán la medida otorgada por el juez penal de garantías, Nelson Ojeda, al señalar también que, tras el luto, la viuda de su cliente asesinado, Alcides de la Cruz Lezcano Ortiz, denunciará el robo de G. 3 millones que el ahora fallecido tenía en su poder al momento de su muerte.
El hecho ocurrió el martes último en el barrio Bella Vista de Hernandarias y la Policía Nacional informó que el hombre intentó disparar al policía Oviedo Martínez durante una persecución y posterior forcejeo, que derivó en el resultado fatal.
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El abogado de la viuda sostuvo que es inadmisible que una persona que cometió un hecho de homicidio doloso estuviera con prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que el colega suyo, Walter Acosta, quien agredió a una funcionaria, está recluido por un hecho de coacción, calificado como delito, cuya expectativa de pena es mínima comparando al homicidio que es crimen.
“Mi cliente no tenía arma. Hay fotos que primero apareció el cuerpo sin arma y luego le habrían plantado el arma de fuego. Además, ese día su señora le entregó G. 3 millones para comprar materiales y eso también desapareció”, reveló el abogado, quien adelantó que apelará la medida y presentarán una querella adhesiva en el caso.
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“Es imposible que durante un forcejeo el disparo impacte en la cabeza. Máximo pudo haberle alcanzado el tórax o hacia el piso, pero jamás podría acercar el arma al rostro”, agregó el abogado.
La agente fiscal Natalia Montanía intervino en el lugar donde falleció el hombre que tiene antecedentes por robo agravado. Oviedo Martínez se encontraba aparentemente en una camioneta de la marca Kia, modelo Sportage, desde donde se habría producido el disparo, conforme a la hipótesis del profesional del foro.
Este señaló que pidió a la fiscal que se exija al agente policial para que presente el vehículo, pero no lo hizo hasta ayer. Habría testigos del hecho que serán presentados en la investigación, que podría derrumbar la versión policial del intento de enfrentamiento con el agente policial, atendiendo a los antecedentes.
Los antecedentes de Lezcano Ortiz serían de la localidad de Caaguazú de donde es oriundo, hecho por lo que agentes policiales supuestamente le extorsionaban, conforme con la denuncia de sus familiares.
La propia fiscala Natalia Montanía pidió el arresto domiciliario del imputado al juez de la causa, lo que es cuestionado por el abogado.
