“Como abogado y en defensa de los ahorristas, depositantes, inversionistas, usuarios y de todas las personas que pudieran resultar afectadas por las operaciones cuestionadas de ueno, exijo una rendición de cuentas completa y transparente”, empezó mencionando Óscar Tuma en su extensa nota emitida en sus redes sociales.
Asegura además, que la administración del dinero del público y su supervisión tienen responsables institucionales identificables. Apunta a Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, como las principales autoridades publicadas de ueno, quienes deben explicar las decisiones adoptadas, además de créditos a empresas vinculadas y los análisis, garantías y controles que respaldaron esas operaciones.
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📢 UENO: LOS AHORRISTAS Y TODAS LAS PERSONAS POTENCIALMENTE AFECTADAS MERECEN EXPLICACIONES
— Oscar Tuma (@oscartuma) November 3, 2026
Como abogado y en defensa de los ahorristas, depositantes, inversionistas, usuarios y de todas las personas que pudieran resultar afectadas por las operaciones cuestionadas de Ueno, exijo… pic.twitter.com/47IsvoyGto
Seguidamente refiere que la revisión debe alcanzar a los controlantes y a las sociedades mencionadas en las operaciones difundidas: Grupo Vázquez, U Paraguay, U Holdings, Mowi, Grupo Hendy, Grupo M, Vinanzas, ITTI, Red Digital, Red Digital de Procesamiento, Tuiu, Franede, Aime, La Tropa, Kasas Propiedades y Sagas.
En otro punto también resalta que el Banco Central del Paraguay (BCP), debe rendir cuentas en las figuras de Carlos Carvallo, Holger Insfrán y María Chiara Renna, “cada uno dentro de sus competencias y durante su actuación, deben explicar cuándo conocieron los hallazgos, cómo tramitaron las advertencias de Fernando Rivarola y qué medidas adoptaron”.
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Tuna refiere que también corresponde escuchar a Carlos Pereira, (ex consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), quien expresó su preocupación por la protección de los fondos de la previsional y planteó la necesidad de contar con información y garantías sobre esas colocaciones.
“Las propuestas deben discutirse con argumentos técnicos y transparencia, poniendo por delante la seguridad de los ahorros y los intereses de los jubilados”, agregó.
Así también dijo que al presidente de la República, Santiago Peña le corresponde responder políticamente por las decisiones del Ejecutivo relacionadas con este caso y garantizar el respeto a la independencia del supervisor.
Finalmente en la nota acota que las responsabilidades administrativas, civiles y penales deben establecerse individualmente, con pruebas y debido proceso.
Cada decisión debe tener un respaldo y cada actuación debe poder explicarse, además que la protección de los ahorros, la transparencia y el cumplimiento de la ley deben estar por encima de cualquier interés empresarial o político.
