Los agentes del puesto policial de Ybypytã, en Canindeyú, cumplen funciones en una sede que se cae a pedazos y fue construida hace 25 años por iniciativa de los mismos pobladores, que exigen una nueva sede para garantizar la seguridad, tras el ataque a otro puesto policial del departamento en el que dos policías y un civil terminaron asesinados.
Lo que alguna vez representó el esfuerzo conjunto de una comunidad por contar con presencia policial, hoy se ha convertido en un edificio deteriorado que amenaza con desplomarse.
El puesto policial de Ybypytã, ubicado en pleno casco urbano del distrito, evidencia el abandono de una infraestructura que, tras 25 años de servicio, prácticamente llegó al final de su vida útil.
La construcción –realizada íntegramente en madera y levantada hace dos décadas y media con el aporte de los pobladores– presenta graves daños estructurales.
El paso del tiempo, la exposición permanente a las inclemencias del clima y la falta de una intervención integral provocaron que parte de la estructura ya cediera, mientras el resto del edificio muestra un avanzado estado de deterioro.
Riesgo permanente
A pesar de estas condiciones, los efectivos policiales continúan desempeñando sus funciones en el lugar, exponiéndose diariamente a un riesgo permanente. Además de desarrollar tareas administrativas, deben permanecer de guardia y responder a procedimientos desde una dependencia que ya no reúne las condiciones mínimas de seguridad.
Policías consultados consideran que la importancia del distrito justifica que la dependencia sea elevada a la categoría de comisaría, atendiendo el crecimiento poblacional y las necesidades operativas de la zona.
Señalan que una infraestructura moderna permitiría brindar un servicio más eficiente y mejores condiciones laborales al personal.
Pobladores exigen nueva sede
La preocupación también es compartida por los pobladores, quienes recuerdan que la comunidad fue la que impulsó y construyó el edificio hace 25 años ante la necesidad de contar con presencia policial. Hoy sostienen que corresponde al Estado invertir en una nueva sede que responda a las exigencias actuales.
Ybypytã forma parte de una zona de alta complejidad para la seguridad pública, donde las fuerzas del orden enfrentan con frecuencia hechos vinculados al narcotráfico y otros delitos. En ese contexto, vecinos consideran contradictorio que quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía deban trabajar en un edificio deteriorado, con serias deficiencias estructurales y bajo constantes riesgos.
Ante esta realidad, pobladores hacen un llamado al Ministerio del Interior y a las autoridades nacionales para que prioricen la construcción de una nueva sede policial.
Sostienen que la inversión ya no puede seguir postergándose, ya que garantizar instalaciones seguras y adecuadas constituye un elemento fundamental para fortalecer el trabajo preventivo, mejorar la atención a la ciudadanía y ofrecer condiciones dignas a quienes velan por la seguridad de la comunidad.
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El puesto policial de Naranjito atacado por una banda armada estaba ubicado sobre plena ruta PY03 y constaba de dos construcciones: una era muy precaria, de madera, y otra, más moderna. Alrededor de 20 hombres quemaron las instalaciones y vehículos y mataron a dos uniformados y un civil.
El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, anunció este jueves que en Paraguay existen unas 700 comisarías y subcomisarías, de las cuales 200 aproximadamente tendrán que ser demolidas.
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Se tratará de conseguir el financiamiento para que se puedan rehacer.
El último miércoles, un puesto policial de similares condiciones fue atacado en la localidad de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná del mismo departamento.
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En el atentado contra el Puesto Policial N° 4 perdieron la vida dos agentes policiales y un civil. El Gobierno atribuyó el ataque al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Enrique Riera, ministro del Interior, confirmó que la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es responsable del ataque.
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Pruebas de balística determinaron la autoría, aseguró Riera.
El analista José María Amarilla cuestionó la estrategia del Estado para combatir a grupos criminales.
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Por su parte, el criminólogo Juan Martens denunció precariedad institucional en la lucha contra el narcotráfico.
