El sistema actual no da abasto y el caso Remansito es un ejemplo vivo del gran desorden que existe en Paraguay con la distribución de tierras y su propiedad, por lo que una salida que encuentra este Gobierno es un proyecto de unificar Registros Públicos y Catastro, fue lo señalado por el procurador Marco Aurelio González en el programa Políticamente Yncorrecto.
Se trata de un objetivo de gobierno de Santiago Peña y que con el caso de la finca 916 de Villa Hayes vuelve a darse una oportunidad para hacer propicio el plan. González comentó que, incluso antes de su asunción, el presidente ya asignó un equipo de trabajo para el efecto.
“Se encargó un equipo de trabajo para buscar una alternativa para regularizar y se va a impulsar un proyecto de registro único nacional, donde se unifiquen los sistemas registrales, donde Catastro y Registros Públicos puedan interactuar y exista también alguien que pueda resolver estas situaciones de superposición”, explicó el procurador.
Avanzar en la regularización de las tierras de Remansito es la indicación del presidente, según apuntó el procurador. Mencionó que los problemas con la propiedad en el país se dieron a causa de incentivos negativos y que la idea es cambiar esa manera de actuar desde agentes políticos y funcionarios. “Esto ocurrió porque los incentivos estaban distribuidos de manera incorrecta. Hasta hoy día no había una persecución. Ahora estamos dando pasos firmes, que están redituando algunos resultados y esperemos que sea el primero de muchos como para alertar también que con el Estado ya no se va a joder más, y de que si uno realiza o se encuentra en alguna situación irregular puede tener consecuencias o en su patrimonio o en su libertad”, resaltó González.
Las 131 hectáreas de la finca 916 que están en conflicto son públicas y no hay ningún elemento que pruebe lo contrario, según el procurador, quien relató que esas tierras eran de la Copacar y luego se trasladaron al Ministerio de Defensa como parte de las acciones que tenía el Estado. “Todo lo que se haya hecho no vale. Solo por ley del Congreso se puede disponer el traslado del dominio de un bien público a una persona de derecho privado”, precisó.
Por su parte, el abogado Francisco Segura, especialista en derecho civil, comentó que la compra de propiedades en el país es un gran problema que genera inseguridad jurídica. Estimó que entre el 30% al 60% de los inmuebles se encuentran en esa situación de superposición de propietarios, debido a que se instaló el uso del contrato de compraventa para traspasar una propiedad, que es un instrumento privado que no tiene valor y no genera derecho.
Comentó que hay casos en los que una propiedad tiene hasta 40 contratos privados y que muchas veces hay complicidad de las instituciones. “Nadie es propietario hasta que no está inscripto en el Registro Público”, aclaró el profesional.
Mencionó que es necesario contar con una ley marco que determine en qué casos el Estado puede actuar bajo su rol civil (arrendar) o su rol social (brindar tierras a personas sin recursos). Indicó que hay decisiones que deben ser políticas y no jurídicas.
Finca 916: Analizan tipos penales
La Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público analiza los posibles tipos penales en el caso de la ocupación vip en las 131 hectáreas que son parte de la finca 916 de Villa Hayes, en la zona llamada Remansito, que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional.
“Una vez culminada esta etapa, se llevarán a cabo los procedimientos que correspondan en derecho”, indicaron desde el Ministerio Público a través de una publicación realizada en su cuenta de Facebook.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una demanda para recuperar las tierras del Estado paraguayo.
Tres ocupantes VIP ya entregaron sus parcelas y reconocieron la titularidad del Estado paraguayo sobre esas tierras: Hugo Berthold Friesen, Berthold Penner Friesen y Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
Las costosas tierras están ocupadas por un juez, empresarios y otros beneficiados del proyecto de expropiación que tuvo sanción ficta por una maniobra cartista orquestada por el senador Basilio Bachi Núñez, para dejar sin cuórum la sesión.
