En otras palabras, los que efectivamente ejercen la noble, pero a la vez riesgosa tarea de informar, vigilar la administración del poder, demostrar con pruebas los hechos y someter al escrutinio ciudadano el manejo de los recursos públicos. Hablamos de los que hacen periodismo, no propaganda.
Para no quedar en evidencia en su intención de rechazar el proyecto de ley, los cartistas cerraron el año legislativo con una versión alternativa presentada por el presidente del Senado, Basilio Núñez, que reduce a la más mínima expresión, a una norma tangencial, lo que el proyecto primigenio promovido por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), largamente trabajado y socializado, plantea con una mirada integral.
Una propuesta que ya estaba lista hace algunos años, pero se tenía el temor de presentarla al Congreso, y que fuera a ocurrir lo que finalmente ocurrió, que terminara convertida en un mamotreto inconsistente tras pasar por las manos del cartismo, sector que ha demostrado una peligrosa ansia por recortar o suprimir todo cuanto implique participación ciudadana, igualdad de género y, en general, estándares internacionales de derechos humanos que el Estado paraguayo ha asumido en instancias multilaterales, y los ha ratificado.
Ejemplos de ese empecinamiento por acotar derechos son la ley anti oenegé, creada para “controlar” a las organizaciones de la sociedad civil, que ya estaban sometidas al control cruzado de varias instituciones del Estado o la obsesión por borrar la palabra género de todo documento oficial y, a propósito, recordemos la bochornosa crisis diplomática que estuvieron a punto de generar los diputados cartistas al pretender derogar por ley un convenio de financiación con la Unión Europea para el apoyo educativo.
La propuesta original del proyecto de protección a periodistas incluía entre los sujetos de protección, además de a los periodistas, a defensores de derechos humanos. Algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció entre las medidas de reparación en la condena al Estado paraguayo por el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991.
¿Por qué los periodistas y los defensores de derechos humanos precisan una protección especial? ¿No es esto discriminatorio contra otros sectores?
Estos cuestionamientos fueron parte de la narrativa oficialista para poner en entredicho el tema, aún a sabiendas de que la respuesta es ¡No!, no es una discriminación.
Las razones son los cientos de casos de periodistas asesinados en ejercicio de sus funciones y la persecución y también muertes de activistas de derechos humanos en distintos países dominados por regímenes autoritarios o donde el crimen organizado es el que gobierna. Reporteros sin Fronteras (RSF) indica que de los 67 profesionales de los medios asesinados en 2025, al menos 53 fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado. Fueron “objetivos deliberados y asesinados por su actividad periodística”, aclara. Y un dato más: América Latina concentra el 24% de todos los periodistas asesinados en el mundo. En el Paraguay se contabilizan 22 asesinatos de comunicadores y periodistas a lo largo de la etapa democrática.
También hay que resaltar que en todo el mundo están presos 503 periodistas y no olvidemos las amenazas físicas y las agresiones cibernéticas de que son blancos frecuentes.
“De ser testigos privilegiados de la historia, los periodistas se han convertido progresivamente en víctimas colaterales, testigos incómodos, moneda de cambio, peones en juegos diplomáticos, hombres y mujeres a los que hay que eliminar”, dice Thibaut Bruttin, director general de RSF.
En síntesis, el periodismo es una profesión de alto riesgo y su aporte a la sociedad es indiscutible.
En cuanto a los defensores de DDHH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado alertando sobre el asesinato, persecución, criminalización y hostigamiento que sufren estos en las Américas. Incluyendo campañas de desprestigio, uso del sistema penal como arma y riesgos agravados para mujeres, líderes indígenas y sociales.
De ahí la reflexión de si una ley, como la impulsada por el Sindicato de Periodistas y avalada por varias organizaciones de DDHH puede proteger a más personas, ¿por qué cercenarla? ¿Por qué excluir a otros sujetos que afrontan situaciones de riesgo similares a las de los periodistas.
Pero los cartistas no han escuchado razones y tras varias postergaciones en el tratamiento del tema recurrieron a la táctica no solo de “patear el balón hacia adelante”, sino de crear una versión distinta, supuestamente más específica y exclusivamente para proteger a periodistas. Se trata de una burda excusa para disfrazar la incomodidad que les produciría aprobar la versión largamente trabajada y consensuada por los afectados directos y encima, tener que cumplir una medida impuesta por la Corte-IDH al Estado paraguayo.
Así que cerraron el año con un proyecto de ley mínimo y que desconoce todo el camino andado, la socialización que el SPP realizó del tema en todo el país, y las audiencias y actos públicos llevados a cabo con la intención de explicar y enriquecer la propuesta.
Vaciaron de contenido, excluyeron a los defensores de DDHH del texto original –que era un objetivo claro–, y centralizaron el poder de aplicación de medidas en el Ministerio del Interior, excluyeron del ente que tomará decisiones sobre la protección a los sujetos en riesgo la participación de organizaciones de periodistas, que son las que conocen la realidad, reciben y canalizan los casos que afectan a sus asociados. Eliminaron la autarquía que establecía la propuesta impulsada por el SPP, desaparecen las medidas de protección y solo por insistencia del Sindicato, accedieron a postergar el tratamiento del tema para el 2026 y a convocar a audiencias públicas, como si esto último fuera una concesión.
Dilataron, manosearon y reemplazaron el texto extenso y profundamente trabajado por el gremio de los periodistas para maquillar la intención de no ceder un milímetro en un tema que les produce urticaria como la paridad de género en los partidos y en las instancias de decisión del Gobierno, la labor fiscalizadora y de defensa de los derechos humanos de muchas oenegés, la participación ciudadana en temas de interés público, el escrutinio de la prensa, el libre acceso a la información pública, la transparencia en la gestión de gobierno, y una ristra de otros avances en materia de derechos que no lo tienen asumidos ni pretenden garantizar los cartistas.
Ante este panorama desalentador, el 2026 no se visualiza muy animado. La composición del Congreso seguirá igual y, aunque hay algunas fugas de la bancada oficialista, a la hora de activar la aplanadora colorada no hallan obstáculos.
La supuesta protección que pretenden instalar con un nuevo proyecto de ley a favor de los periodistas es un cascarón vacío y aunque los cartistas accedan a escuchar a quienes estarán al alcance de la norma, nada indica que tomarán en cuenta los argumentos racionales que les vayan a exponer. Así que, salvo algún milagro, cerramos el 2025 con pesimismo en esta lucha a favor de los compañeros y compañeras periodistas con la paciencia de que alguna vez la cultura democrática sea la que prime en el Parlamento Nacional.
