La Coordinadora es una plataforma nacional conformada por 28 organizaciones de la sociedad civil para la promoción, exigibilidad y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el Paraguay. Se creó en 1993.
El proyecto de ley al que hace referencia Florentín se halla para su estudio en la Cámara de Diputados.
“Es un atentado contra la sociedad en general”, dice ella, porque una sociedad a la que se le limita su capacidad de organización, de las muchas maneras que hay, “es una sociedad con demasiados riesgos de perder sus derechos de libertad de expresión, de participación ciudadana en la vida política y de asociación. Estos derechos consagrados en la propia Constitución Nacional son la base de una real democracia”.
Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), recuerda la directora de la CDIA, repudiamos la actitud irresponsable de autoridades públicas, como algunos senadores y senadoras, “quienes han recurrido a la calumnia para desprestigiar a varias organizaciones que tienen una sólida trayectoria ética, técnica y financiera. Esto es, además, una forma de manipular a toda la ciudadanía paraguaya”, destaca. Además, siguen reclamando al Estado, especialmente al Congreso y al Poder Ejecutivo, que se cree una mesa técnica multisectorial para lograr una ley justa y efectiva. “Todas las personas y organizaciones tenemos derecho a participar en el proceso de elaboración de las políticas públicas que nos afectan directamente”, expresa. Además, las OSFL ya se hallan inscriptas y estrictamente controladas por el Estado a través de varias instituciones, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Abogacía del Tesoro, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre otras.
“O sea, el Estado en este momento, puede acceder a todos nuestros principales datos y movimientos contables”, dice. Consideran que el proyecto viola el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada (artículo 36), la libertad de concurrencia, la libertad de asociación y principios básicos del derecho administrativo.
