El especialista en protección social de la OIT para el Cono Sur, Guillermo Montt, presentó el Estudio sobre las prospectivas de futuro de seguridad social en la región Iberoamérica.
Señaló que hoy más del 50% de las personas en el mundo acceden a alguna prestación: pensiones de vejez, apoyos para familias con niños, asistencia social, seguros de desempleo, discapacidad o maternidad. “Es un logro civilizatorio enorme que se ha construido paulatinamente”, señaló Montt.
Según comentó, en América Latina la cobertura alcanza el 61,2%, con un avance particularmente significativo en las prestaciones de vejez, dado que casi el 80% de las personas mayores de 65 años reciben una pensión, contributiva o no contributiva. Sin embargo, advirtió que los progresos conviven con bolsones de desprotección que siguen siendo profundos, especialmente en países como Paraguay.
En ese sentido, mencionó que solo el 10% de los trabajadores de la región tienen cobertura de desempleo. Esto, según Montt, cuenta con efectos directos sobre el mercado laboral: “Sin un ingreso asegurado, las personas se ven obligadas a aceptar rápidamente cualquier empleo, muchas veces informal. Esto mantiene viva la informalidad y limita la eficiencia del mercado laboral”, sostuvo.
Otro aspecto que preocupa es que en Paraguay la protección ante maternidad solo alcanza a las mujeres aseguradas al IPS, lo que implica que solo el 29% de las mujeres en edad fértil están cubiertas en caso de maternidad.
“La maternidad termina siendo un riesgo importante para la seguridad de ingresos del hogar”, subrayó Montt. A esto se suma un déficit en la protección a hogares con niños y niñas, lo que impacta directamente en la persistencia de la pobreza infantil, uno de los fenómenos más arraigados en la región.
Nuevos riesgos: cambio climático, envejecimiento y enfermedades emergentes
También se abordan nuevos riesgos que desafían a los sistemas de protección social: el cambio climático con sequías, inundaciones, desastres naturales y disrupciones logísticas que afectan ingresos y empleos; el envejecimiento acelerado, al respecto el especialista señaló que procesos que en Europa tomaron un siglo, en América Latina se dan en apenas 30 años.
Otro desafío que se observa es la aparición de nuevas enfermedades donde nunca se habían registrado exige ajustes en los sistemas de salud. “Estas transformaciones obligan a reorganizar los servicios, anticipar nuevos riesgos y adaptar las políticas públicas”, explicó Montt.
El financiamiento al límite también presiona a avanzar hacia la formalización. El representante de la OIT comentó que históricamente la protección social se financió mediante cotizaciones de trabajadores formales. Sin embargo, la formalización avanzó más lentamente de lo esperado, y muchos países comenzaron a ampliar coberturas con recursos del Tesoro.
Paraguay es un ejemplo, con la pensión para adultos mayores –ahora universal– se financia con impuestos. Pero el espacio fiscal está llegando a su límite, advirtió. Por eso, apuntó a que el gran desafío es volver a fortalecer la “base contributiva” mediante políticas de formalización.
Montt explicó que la informalidad es un fenómeno heterogéneo, donde algunas personas no tienen capacidad de aportar, porque sus ingresos son demasiado bajos, mientras que otras sí pueden contribuir, pero responden a incentivos inadecuados. Agregó que en zonas rurales, la distancia a un hospital del IPS hace que la población no perciba el beneficio de afiliarse.
La recomendación es abordar cada obstáculo de manera diferenciada y acercar la seguridad social al territorio, para que la gente valore y aproveche su cobertura.
Montt se refirió también a la preocupación creciente por la sostenibilidad de las cajas jubilatorias en Paraguay, que enfrentan escenarios de agotamiento de reservas si no se realizan ajustes.
El especialista aclaró que los derechos adquiridos no están en riesgo. “El que aporta y tiene un derecho, ese derecho está garantizado. Si una caja se queda sin fondos, alguien debe responder, y la responsabilidad última es del Estado”, remarcó.
Sin embargo, reconoció que la sostenibilidad financiera sí es un desafío, agravado por el rápido envejecimiento poblacional.
Entre los mecanismos posibles de financiamiento mencionó los siguientes: incrementar el número de aportantes, aportes estatales más altos (como sucede en varios países), ajustes paramétricos como la edad jubilatoria, tasas de aportes o montos de beneficios y reformas graduales y de largo plazo.
Para Montt, el primer paso para cualquier reforma en Paraguay es instalar un proceso de diálogo nacional.
“Todas las medidas requieren negociación. La forma más fácil de evitar cambios es negar que existe un problema. Se necesita un diagnóstico claro, consensuado y sólido. A partir de ahí, se puede hablar de responsabilidad compartida y de una transición ordenada”, indicó.
