Fuentes del Ministerio Público en Curuguaty confirmaron que los atentados, atropellos y hechos de extorsión registrados en los últimos tiempos en la zona de Yasy Cañy y Campos Morombí estarían relacionados con la instalación de una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en esta parte del Departamento de Canindeyú.
Según la información oficial, todas las carpetas de investigación sobre los hechos ocurridos en Yasy Cañy y otros distritos del departamento fueron remitidas a la capital del país, quedando a cargo del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio Público.
Con esta determinación, la responsabilidad operativa recae principalmente en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cuenta con una base en la zona de Ybyratã, distrito de Ybyrarobaná.
Los organismos de inteligencia del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) ya venían realizando trabajos de seguimiento desde el enfrentamiento ocurrido el año pasado en la reserva natural Mbaracuyú, donde falleció Esteban López, alias Loro, antiguo integrante del EPP, y donde se presume que habrían logrado escapar Magna Meza y Manuel Cristaldo Mieres.
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Desde el Gobierno, autoridades del área de seguridad señalaron que prácticamente es un hecho la presencia del EPP en esta región, y que los antecedentes de violencia registrados desde hace varios años, especialmente en Yasy Cañy, serán fundamentales para avanzar en la identificación y detención de los responsables.
Ante este escenario, productores de la zona reiteran su pedido de una intervención urgente y permanente de la FTC para brindar seguridad tanto a los productores como a la población en general.
Uno de los afectados, Andrés Duré, relató que desde hace cuatro años no puede trabajar con normalidad, ya que un grupo armado ocupa lo que anteriormente era su reserva natural, la cual hoy prácticamente ya no existe.
“Estamos a merced de los delincuentes. Mis empleados renunciaron por miedo, nadie quiere quedarse a trabajar en estas condiciones”, lamentó el productor.
Los productores advierten que, sin una presencia firme del Estado y de las fuerzas de seguridad, la situación podría agravarse aún más, afectando no solo a la producción agropecuaria, sino también a la tranquilidad de las comunidades de la región.
