Los productores sostienen que la mercadería estaría ingresando al país sin documentación aduanera, tributaria ni sanitaria para luego ser transportada, acopiada y comercializada en distintos puntos del territorio nacional. Las zonas señaladas son principalmente Alto Paraná, Canindeyú y Amambay.
El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), Derlis Robert Bento, afirmó que el sector viene soportando desde hace meses una fuerte distorsión del mercado. “Venimos hace muchos meses afectados enormemente por la distorsión del mercado por los precios bajos que están sufriendo los productores”, señaló.
Bento explicó que el gremio ya había advertido a las autoridades sobre la presencia de carne de dudosa procedencia. “Habíamos hecho algunos reclamos pertinentes, ya adelantando que había mercaderías, en este caso carne, de dudosa procedencia”, sostuvo.
Según el dirigente, los reclamos no tuvieron la respuesta esperada. “Al no tener respuesta favorable, nosotros, porque es acuciante la situación que estamos viviendo y atravesando nuestro gremio, formalizamos e instauramos la presentación de la denuncia esta mañana ante la DNIT y ante el Ministerio Público”, afirmó.
La preocupación de los porcicultores no es menor. Bento aseguró que el impacto ya se refleja en las granjas y en el empleo. “Principalmente le afecta a los pequeños y medianos productores, que muchos ya están prácticamente cerrando sus granjas”, manifestó.
La APPC reúne, según Bento, a entre 80 y 90 granjas. Varias ya dejaron de operar, situación que, a criterio del dirigente, genera una cadena de consecuencias. “Eso también significa merma de puestos de trabajo, trazabilidad, menos animales para la faena, mano de obra ociosa, con toda una serie de consecuencias que acarrea esto”, remarcó.
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Para el presidente del gremio, la denuncia marca un cambio de escenario. “No solamente estamos pidiendo ya la intervención, estamos ya en otra faceta”, afirmó.
La intención es que tanto la DNIT como la Fiscalía abran investigaciones formales. “Queremos que se forme e instaure el pertinente sumario ante la DNIT y ante la Fiscalía, que se forme una carpeta fiscal de investigación ya de hechos delictuales”, reclamó Bento.
La frontera, bajo sospecha
La denuncia apunta a varios puntos de control. La APPC pide revisar lo ocurrido durante los últimos seis meses en la Aduana del Puente de la Amistad, los puestos de control del Km 30 de Minga Guazú y Km 60 de Yguazú, además de Cruce Yby Yaú y Cruce Carolina, en Katueté.
El gremio quiere saber cómo una eventual carga irregular podría atravesar esos controles y terminar en el mercado nacional.
También solicita preservar las imágenes de circuito cerrado y realizar peritajes técnicos sobre los registros para determinar si hubo cortes, alteraciones o manipulaciones.
Para los productores, la investigación debe seguir el recorrido completo de la mercadería: desde el supuesto ingreso por la frontera hasta los lugares de acopio, transporte y comercialización.
Dentro de la denuncia presentada ante la DNIT, la APPC solicita una fiscalización al comercio “Super Baratazo”, de Hernandarias.
El gremio sostiene que el establecimiento ofrece en redes sociales productos cárnicos a precios que considera muy inferiores a los habituales del mercado.
Por eso pide verificar físicamente las mercaderías, las facturas, la documentación tributaria, el origen y la trazabilidad de los productos.
También reclama identificar a proveedores, transportistas y centros de abastecimiento para reconstruir la cadena de comercialización.
La acusación contra el establecimiento deberá ser comprobada mediante una fiscalización. La sola inclusión en la denuncia no determina responsabilidad alguna.
Carne sin control sanitario
Bento insiste en que el problema va más allá de la caída de las cotizaciones. El eventual ingreso de animales y carne sin controles sanitarios, sostiene la APPC, puede poner en riesgo la trazabilidad de la producción paraguaya y generar consecuencias para todo el sector.
Por eso, el gremio reclama una acción conjunta entre la DNIT, Senacsa, Fiscalía, Policía Nacional y Armada Paraguaya. “Tu función es el control de documentación, trazabilidad y control porcino, pero controles aduaneros, disposición de autoridades policiales, Armada, son otros estamentos”, recordó Bento al referirse a conversaciones mantenidas anteriormente con autoridades sanitarias.
Ahora los productores esperan que esos organismos actúen de manera coordinada. La APPC presentó la denuncia contra personas innominadas y pidió identificar a quienes eventualmente estén involucrados en el ingreso, transporte, acopio, distribución y comercialización de los productos.
El gremio también ofreció aportar información sobre vehículos, personas, lugares y centros de acopio que puedan ayudar a esclarecer el supuesto circuito.
Por ahora, el contrabando denunciado es una hipótesis que deberá ser comprobada. La DNIT y el Ministerio Público tienen la tarea de determinar si las sospechas tienen sustento, cómo habrían ingresado los productos y quiénes serían los responsables.
Para los productores, la urgencia está clara. “Es acuciante la situación que estamos viviendo”, insistió Bento. Y mientras esperan controles e investigaciones, varias granjas, según el gremio, ya están dejando de producir.
