El Presupuesto es uno de los instrumentos más importantes de la gestión pública, ya que es el que permite implementar los planes, políticas y programas. Se espera que este conjunto de instrumentos contribuya a satisfacer las necesidades de la población y garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en el marco jurídico nacional.
Desde hace años el gasto público viene aumentando de manera sistemática. Sin embargo, las estadísticas oficiales evidencian la ralentización de mejoras que dependen de la gestión pública. En educación, la tasa de analfabetismo adulto se mantiene en el mismo nivel que una década atrás, mientras que las coberturas crecieron muy lentamente, sin lograr la universalización en ninguno de los niveles obligatorios y gratuitos.
En salud, la situación no es mejor, incluso se observa una fuerte reducción en el acceso a consultas, tendencia iniciada mucho antes de la pandemia. En 2021, en el sector rural el nivel de atención retrocedió 15 años, con lo cual la brecha con respecto al sector urbano se volvió a ampliar. Este indicador es consistente con el fuerte e incremental malestar ciudadano respecto a la política sanitaria. Los dos únicos indicadores que muestran mejoras continuas son el acceso al agua y saneamiento mejorado.
La pobreza redujo sustancialmente su ritmo de disminución tanto en valores porcentuales como absolutos antes de la pandemia. En los dos últimos años se verifican aumentos que significaron retrocesos con respecto a años anteriores. El porcentaje de pobreza en 2021 es similar al de 2015 mientras, que en valores absolutos volvimos al año 2012. Los indicadores laborales se encuentran en retroceso a pesar del argumento de aumentar la deuda para mantener el ritmo de las obras públicas y el empleo. Los ingresos laborales vienen cayendo desde 2015 y la informalidad se mantiene.
A pesar del impulso a las obras públicas y del discurso oficial, el crecimiento económico no muestra cambios sustanciales ni en nivel ni en su estructura mientras que la presión tributaria se mantiene igual, sin mostrar el retorno económico de las obras realizadas ni garantizar el repago de la deuda generada para su construcción.
El Presupuesto Público no puede seguir siendo usado como instrumento para el rédito político de una gestión en particular ya que sus consecuencias trascienden los gobiernos y sus efectos son pagados por la ciudadanía a lo largo de su vida.
Si el capital humano no aumenta y las obras de infraestructura no logran sostener el crecimiento económico ni contribuir a su pago, el endeudamiento terminará siendo insostenible financieramente y generando una deuda social que se acumulará a la preexistente.
Un cuarto de la población permanece en pobreza, que se suma al 40% que vive de manera precaria. El 65% de la población trabaja de manera informal y a pesar del crecimiento económico de los últimos 15 años no mostró mejoras ni en la calidad del empleo ni en sus ingresos.
El presupuesto 2023 proyecta un crecimiento del 4,5% y una inflación menor a un dígito. Sin embargo, en materia presupuestaria se proyecta un déficit público del 2,3% y un aumento de la deuda de 1.860 millones de dólares, siendo más de 400 millones a ser destinados a pagar compromisos anteriores. No prevé cambios sustanciales en la estructura presupuestaria ni en la calidad del gasto. La política fiscal es el principal instrumento para cambiar este estado de cosas; sin embargo, estas condiciones se han mantenido casi inalterables en la última década, por lo cual se puede suponer que tal como se diseña el Presupuesto no está teniendo los efectos esperados. Urge un cambio estructural.
