Una verdadera sorpresa fue el resultado de la votación ayer en sesión de la Cámara de Diputados tras el estudio del proyecto que destina los gastos sociales de las binacionales a Salud Pública, ya que un día antes las bancadas coloradas habían decidido aprobar una modificación que desnaturalizaba la ley.
Pero un quiebre en el movimiento Honor Colorado posibilitó que se dé sanción a la versión del Senado, con 41 contra 38, más una abstención, y se remita el proyecto al Poder Ejecutivo.
Las bancadas de la oposición, PLRA, PPQ, PEN, Hagamos y el independiente, votaron totalmente unidas, y se sumaron a ellas los cartistas Néstor Ferrer, Roque Sarubbi, Fernando Ortellado y Tadeo Rojas, además de la abstención de Miguel Del Puerto.
El diputado Walter Harms confirmó que hubo fugas porque siete estaban en contra de la decisión de bancada, pero dos decidieron respetarla, mientras que los demás pidieron permiso para votar en disidencia.
El proyecto destina los recursos en concepto de responsabilidad social, empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social de las binacionales Itaipú y Yacyretá, íntegramente a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social, mientras dure la pandemia del Covid-19, y ya había sido rechazado antes en Diputados, por lo que se hizo un último intento introduciéndolo por medio del Senado. Pero al ingresar a la Cámara Baja, fue modificada, cambiando el verbo motor que obligaba al Ejecutivo a disponer de los fondos, por una autorización, cuando esta ya es facultad del presidente, por lo que no cambiaba nada. Además, debilitaba el control, que en la norma original es más estricto.
El diputado cartista Justo Zacarías alegó que lo que se agregó en la Comisión de Asuntos Económicos fue la palabra medicamentos, ya que, supuestamente, el proyecto del Senado no tenía contemplados.
La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo pidió que se deje de dar vueltas y que se apruebe la versión del Senado. “Es momento de dar respuesta a la ciudadanía”, expresó.
Como todo apuntaba a que iba a prosperar la versión cartista del proyecto, el liberal Édgar Acosta indicó que el cambio que se realizaba era para tener sobrantes. “No quieren usar todos los fondos porque les tiene que sobrar para la campaña”, señaló.
La diputada del Encuentro Nacional Kattya González, principal impulsora del proyecto, dijo que la catástrofe en salud es a causa de la ineficiencia de los gobiernos en décadas y pidió un “latigazo en las urnas a los que hoy quieren enterrar esta iniciativa legislativa”.
Destacó que el artículo 4 establecía un mecanismo de control histórico, porque nunca antes fueron auditables los fondos de las binacionales, y disponía de rendición de cuentas. “Las modificaciones que quieren introducir van a prolongar la agonía de un pueblo cansado de tanta canallada”, criticó.
Uno de los más cuestionados fue el diputado de Colorado Añetete Roberto González, quien se opuso a la versión del Senado cuando tiene a gran parte de su familia con un cargo de Itaipú. “Se pretende sentarnos en el banquillo de acusados a los colorados como hijos del Moñái, porque nosotros no queremos que se usen fondos de binacionales. No podemos inmiscuirnos en los ingresos de binacionales. Los colorados fuimos los que hicimos las binacionales”, exclamó.
En tanto que el liberal Eri Valdez le respondió que lo que importa es solucionar el colapso en los hospitales. “Me importa un carajo lo que pasó hace 40 años”, aseveró.
El cartista Derlis Maidana reconoció que los fondos sociales se usaron de mala manera tiempo atrás, pero pidió aprobar las modificaciones, alegando que la ciudadanía ya no tolerará más despilfarros.
Los gastos sociales representan USD 150 millones anuales de Itaipú y Yacyretá, que históricamente fueron usados por colorados en prebenda, ya que no están controlados. Con este proyecto, deberán ser transparentados por primera vez.
150 millones de dólares es el monto anual calculado en concepto de gastos socioambientales de las binacionales.
