La semana pasada se realizó el evento de cierre del proyecto denominado Autopsia Forense Antiimpunidad (AFAI) desarrollado por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy). Esta iniciativa de control de la gestión pública para fortalecer a la ciudadanía y fomentar la lucha contra la corrupción está enmarcado dentro del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción de la Fundación CIRD.
¿Qué pasó con los expedientes? Era la pregunta que AFAI planteó a un equipo de 5 estudiantes y abogados recién recibidos de la carrera de Derecho: Karina Gamarra, Luciana Morales, Camilla Cáceres, Tamara Zavala y Nillson Burgos, quienes en 7 meses, con la mentoría de los abogados María Esther Roa y Maximiliano Mendieta, desarrollaron un programa de estudios que aplicó las herramientas del Derecho, específicamente el Penal, para llevar a autopsia forense 2 expedientes de corrupción que terminaron en impunidad, con el desafío de identificar síntomas, causales y responsables de la “muerte” o conclusión en impunidad de ambos casos de corrupción pública para así convertirse en los primeros “peritos forenses antiimpunidad” del Paraguay.
Chicanas. Durante el evento, los estudiantes explicaron desde una perspectiva del Derecho y con sana indignación sus hallazgos, planteando la ausencia de sanciones por el uso abusivo del Derecho (chicanas) a los abogados defensores, las violaciones de plazos procesales para resolver recursos, la ausencia de urgimientos para que se cumplan los plazos procesales y el planteamiento “por turnos” de recursos como razones de dilación del proceso hasta que este prescribe y queda impune sin que se recuperen los fondos sustraídos al erario del estado ni se condene a los involucrados en los actos de corrupción. Expresando con un cuadro sistematizado los “síntomas” comunes y responsables de la muerte por impunidad: En palabras de los peritos forenses antiimpunidad “la falta de celeridad de los administradores de justicia denota también falta de patriotismo y de valentía, de coraje para ejercer la profesión legal”.
Precariedad. “En el PJ no hay suficientes salas equipadas para sustanciar las audiencias preliminares y juicios orales y que las salas de audiencias no cuentan con equipos de videograbación para que la ciudadanía tome conocimiento del juzgamiento de procesos de corrupción. En la UDEA la tecnología y archivo documental son precarias. En el PJ, no se cuenta con suficientes jueces para juzgar actos de corrupción. Hay un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y un Tribunal de Apelación Especializado DE para resolver recursos, mientras que en la UDEA hay solo 12 fiscales especializados para investigar actos de corrupción en todo el país. La Ley Procesal Penal no está diseñada para juzgar delitos complejos con muchos imputados, y se producen colapsos en el agendamiento de audiencias preliminares y juicios orales, consecuencias de la escasa cantidad de magistrados. Unido a las ausencias de sanciones disciplinarias para las partes que plantean chicanas, quedan fehacientemente identificadas las causas raíz de las muertes por impunidad y por qué de no tomarse medidas estas seguirán”, dijo María Esther Roa.
Miriam Benítez Romero de Somos Anticorrupción Py presentó el daño patrimonial de los 78 casos de corrupción monitoreados por la Coapy: USD 1.257.523.736. “Qué diferencia hubiera hecho para la ciudadanía tener disponible ese dinero para salud”, dijo.
En el PJ no se cuenta con suficientes jueces para juzgar actos de corrupción y la tecnología es precaria. María Esther Roa, Coapy.
Qué diferencia hubiera hecho para la ciudadanía tener disponible ese dinero para salud en pandemia. Miriam Benítez, Somos Anticorrupción.
