05 nov 2026

Postergan audiencia entre Orlando Arévalo, su esposa y la empresa constructora

Para el próximo 20 de febrero se postergó la audiencia entre la concejala de Lambaré Carolina González, su esposo, el diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC), y la empresa constructora de su mansión.

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El ex diputado colorado Orlando Arévalo y su esposa fueron denunciados por una empresa constructora.

Foto: facebook.com/orlandoapy.

La firma, que había denunciado a la concejala de Lambaré Carolina González y a su esposo, el diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC), por asociación criminal, estafa y otros, presentó una nota explicando que por motivos laborales no pudo presentarse este jueves y la audiencia queda para el próximo 20 de febrero, informó NPY.

En la declaración testifical se debe volver a ratificar la denuncia; se deben presentar todas las pruebas y posteriormente la Fiscalía deberá citar a una declaración a la concejala.

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El 5 de febrero pasado, el abogado Juan Martín Barba presentó una denuncia en la sede central de la Fiscalía contra el ex diputado Orlando Arévalo y su esposa, Carolina González Pérez, por los delitos de persecución de inocentes, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos.

Según el escrito, el legislador habría contratado los servicios de la empresa Rehobot Construcciones para realizar refacciones en su vivienda de Lambaré por un valor de G. 2.400 millones.

Barba señaló que, una vez entregada la obra, Arévalo y su esposa realizaron una denuncia ante la Fiscalía por actividades peligrosas en la construcción, supuestamente, para evitar pagar un saldo de G. 400 millones que adeudaba el parlamentario.

Los representantes de la empresa fueron imputados por parte de la fiscala Sandra Ledesma y contaban con pedido de prisión que no fue concedida por el juzgado.

En una entrevista concedida a NPY, el abogado Barba reveló que los pagos por la refacción de la vivienda se realizaron en efectivo y que el diputado y su esposa traían el dinero en maletines.

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En uno de los pagos, desembolsó la suma de G. 245 millones. “No quería que se haga factura para no dejar rastros”, refirió el abogado.

El representante legal asegura que la empresa cumplió con los tiempos establecidos en el contrato y esperaba cobrar los G. 400 millones que faltaban abonar por parte del legislador, pero este, supuestamente, se negó a pagar y denunció penalmente a la firma.

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