11 jun. 2025

Policía recusa a Tribunal y frena el segundo juicio oral por el caso 31 M

El policía Guido Amarilla, acusado por presunta coacción grave a raíz de los sucesos ocurridos en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras las protestas del 31 M, recusó al Tribunal de Sentencia, con lo que se suspendió el juicio oral.

7ab2826b-944c-48bf-8896-0f00d25c6fd4.jpg

Recusados. Los magistrados Laura Ocampo (centro), Cándida Fleitas y Fabián Weisensee no pudieron iniciar hoy el juicio oral al policía Guido Amarilla.

Foto: Gentileza.

Los magistrados de Sentencia, Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, fueron recusados esta mañana por supuesta parcialidad y falta de independencia, con lo que se suspendió el juicio oral en su contra del acusado.

El policía Guido Amarilla fue imputado porque en la madrugada del 1 de abril del 2017, en la sede del PLRA, supuestamente metió una escopeta por la puerta del baño donde se encontraban varias personas, entre ellas el entonces diputado Eusebio Alvarenga, y disparó en dos ocasiones en el lugar. No hubo heridos en el hecho.

La recusación la hizo el propio acusado Guido Amarilla, bajo patrocinio del abogado Esteban Chávez Alvarenga, donde pide la separación de los citados magistrados, quienes a las 09:00 horas lo habían citado para iniciar el juzgamiento público.

La recusación se presentó a las 07:00 de esta mañana, y a las 09:00, los jueces lo citaron para que se haga en forma oral la fundamentación, pero el abogado Alvarenga estaba en un juicio oral en el interior y, aunque pidió que se realizara en forma telemática, finalmente se suspendió.

Lea más: 31 M: Defensa de Gustavo Florentín pide anular su condena de 24 años de cárcel

La abogada Fátima Alonso, que defiende a Guido Amarilla, señaló que en el caso está pendiente una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del juez Raúl Florentín, que elevó el caso a juicio oral.

Sostuvo que la causa se halla prescripta, ya que en todo el proceso le habían imputado y acusado por supuesta coacción, con pena de hasta 2 años o multa.

Sin embargo, dice la defensa que en la preliminar, el juez cambió la calificación a coacción grave, donde la pena va hasta los 3 años. Alegó que nunca tuvo indagatoria por este hecho punible. Con ello, afirma que la causa ya prescribió.

En el caso, hace poco se había condenado a 24 años de cárcel al policía Gustavo Florentín tras ser hallado culpable de matar al joven liberal Rodrigo Quintana, luego de las protestas en contra de la enmienda proreelección del entonces presidente Horacio Manuel Cartes Jara.

La condena se encuentra actualmente en revisión por parte del Tribunal de Apelación Penal tras el recurso planteado por la defensa del procesado.

Más contenido de esta sección
Varios ex socios de la Cooperativa Virgen del Camino (Covircam) denunciaron que las actuales autoridades quieren llevar a la quiebra a la entidad para no abonar los aportes que deben a los mismos. El pasivo negativo era de G. 9.063 millones y se había suspendido la devolución por un año.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, citó para los días 24, 25 y 26 de junio, a las 08:00, al ex senador argentino, Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, acusados por supuesto contrabando.
El ex intendente Armando Gómez podría ir a juicio por el supuesto desvío de G. 7.315 millones en la Comuna. Según la Fiscalía, él creó y lideró “un esquema” para desviar aportes jubilatorios.
El juez de Sentencia, Matías Garcete, rechazó el amparo constitucional promovido en el año 2022, por el ex director administrativo de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres contra la Contraloría General de la República (CGR), para que dicte una resolución sobre la correspondencia o no de sus bienes.
En el caso Mafia de los pagarés, el Tribunal de Apelación confirmó que la imputación tiene validez. La defensa de la procesada abogada Lourdes Aranda había pedido la nulidad. La misma fue procesada por su presunta participación en el citado esquema delictivo.
El juez Víctor Nilo Rodríguez también se abstuvo de declarar ante los fiscales que investigan la trama de la mafia de los pagarés. Se presume que sacó 174 resoluciones en violación de la ley. Ayer ya se había presentado la ex jueza Liliana González de Bristot.