El legislador es uno de los principales críticos a la millonaria inversión para la adquisición de las aeronaves, puesto que nuestra legislación no permite el derribo de las avionetas dedicadas al narcotráfico.
Por esa razón, presentó el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 9 de la Ley N° 6980 del año 2022 y establece mecanismos y procedimientos para la fase III de derribo de aeronaves en protección de la soberanía nacional y la prevención del tráfico ilícito”.
La iniciativa plantea básicamente que tras agotar las fases de advertencia mediante señales visuales y radio se define un protocolo para realizar disparos intimidatorios o derribo en el caso de que el piloto se niegue a aterrizar.
Rubin dijo que es inconcebible que Paraguay sea, al mismo tiempo que un corredor de la droga, un país que carece de una política clara para someter a los narcos.
Agregó que si los aviones Super Tucano para cuya adquisición el Estado se endeudará, de vuelta no sirvieran para el propósito de combatir por aire al narcotráfico, será un malgasto y en vano será la referida compra.
Rubin señaló que, ante la falta de claridad, preguntó si la intención era derribar aviones narco y el ministro de Defensa le había indicado que no.
“No entiendo por qué el Ejecutivo no tiene intenciones de derribar aviones narco. Yo pensé que íbamos a gastar G. 800.000 millones para chocar de frente contra el crimen organizado y resulta que no”, cuestionó el legislador.
Dijo que según las estadísticas, el Chaco es el principal corredor narco.
