La semana pasada los maestros y los médicos acapararon los medios de prensa con sus reclamos de aumentos salariales para el año entrante. Las protestas fueron subiendo de tono en el transcurrir de los días y hasta el momento no se llegó a un acuerdo pleno entre las pretensiones de los funcionarios estatales y las posibilidades reales del tesoro Nacional.
Es habitual en esta época del año, en que se estudia el Presupuesto General de la Nación, que los funcionarios públicos se movilicen en reclamo de sus reivindicaciones salariales, solo que en esta oportunidad estos reclamos encuentran la cajas de Tesoro bastante debilitadas a causa de los compromisos asumidos durante los casi 18 meses de cuarentena.
Las arcas estatales apenas pueden cubrir los compromisos básicos, ya no hay espacio para un mayor endeudamiento, porque la capacidad de pago del Estado está llegando a su límite, pese a que siempre hay ofrecimientos de nuevos créditos por parte de distintos organismos financieros.
Pareciera ser que los altos funcionarios públicos no se dan cuenta aún de la situación en que se encuentran las finanzas públicas, pues en su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto cada quién no dudo en solicitar más recursos para cubrir uno y otro tipo de gastos.
En el mejor de los casos puede que se den cuenta, pero debido a la presión que reciben de los demás funcionarios se ven obligados a realizar millonarios pedidos a la comisión parlamentaria encargada de estudiar el Presupuesto 2022.
Los pedidos de aumento de presupuesto, si bien es cierto que puede ser que estén plenamente justificados, primero hay que mirar la posibilidad que tiene el Estado de hacer frente a esos gastos. Caso contrario se estaría asentando en la Ley de Presupuesto ciertos gastos que a la hora de ejecutarlos se encontrarán con la triste realidad de que no hay fondos.
Esto obliga al Ministerio de Hacienda a asumir compromisos que luego pasan a formar parte de la deuda flotante, que no es otra cosa sino un sistema de bicicleteo de la deuda con los proveedores estatales.
Desde esta semana la comisión parlamentaria inicia sus deliberaciones sobre el PGN 2022 y tendrá que asumir importantes determinaciones relacionados a aceptar o no los pedidos de aumento de gastos que fueron presentados por los distintos ministros.
El punto más delicado sin duda está en saber qué hacer con el reclamo de los médicos y los docentes, considerando la función por demás importante de desarrollan ambos sectores.
Nadie pone en duda el legítimo derecho a percibir una remuneración digna y acorde a sus responsabilidades. Solo que el Estado ya no cuenta con recursos para cumplir con mayores compromisos salariales.
Hasta el momento el Ejecutivo realizó varias propuestas de ajustes para los maestros, pero estos insisten en que sea del 16% el ajuste.
El paro docente viene a complicar aún más el año escolar, atendiendo a que la cuarentena y la implementación clases virtuales llevaron el nivel de educación y formación de lo alumnos a niveles muy bajos.
No sé si un eventual aumento del salario de los docentes ayudará a recuperar el nivel de formación del alumnado, o si solo será para calmar los reclamos y reivindicaciones gremiales.
A todas luces hay una dura realidad: La vaquita estatal de la que se nutren los funcionarios públicos está envejeciendo y la producción de leche será cada vez más complicada. Ante esta situación debe primar la cordura y la inteligencia a fin de encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
La pobre vaquita del Estado ya no da para mas, urge realizar profundas reformas en la educación, el sistema sanitario, y todo los relacionado con la seguridad y las inversiones públicas. Los problemas bien administrados abren nuevas oportunidades.
