No así sobre la posibilidad de mejorar la eficiencia del servicio, tanto de salud como en el área jubilatoria, puesto que la previsional cuenta con cuantiosos fondos y patrimonio en incontables bienes, pero de los cuales no puede disponer fácilmente y tampoco generan rentabilidad.
Todo lo que los altos funcionarios plantearon en estos últimos días está resumido en modificaciones que llevarán a perjudicar a los trabajadores que aportan, ya que de los últimos 36 meses de cálculo para la jubilación, el plazo llegará a los 120 meses (es decir, los últimos 10 años de trabajo), toda vez que sea promulgada la ley al respecto.
En el programa Políticamente Yncorrecto, conducido por Luis Bareiro, Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, dijo respecto del fondo de jubilaciones y pensiones, que históricamente hubo equilibrio, ya que las rentas alcanzaban para pagar a los pasivos, incluso llegan a G. 2.460 mil millones de la reserva, producto de la renta de los bancos y del aporte obrero-patronal.
“Pero a mayo ya gastamos más de USD 51 millones mensuales y desde 2020 el dinero de los aportes no alcanza, entramos en desequilibrio, porque en promedio solo ingresa mensualmente USD 47/48 millones”, indicó, al tiempo de especificar que el año pasado se usó un 28% ya de la renta de las reservas, y resulta muy peligroso si esto se sostiene en el tiempo.
Además de usar la renta de la reserva, Cubas mencionó que se está defraudando al sistema de capitalización colectiva con fondo de reserva.
Al detallar en los pormenores del fenómeno, Cubas indicó que de lo que ingresa en IPS no todo va al fondo de jubilación y pensiones, ya que no todos aportan al mismo. Los que están en el régimen general sí lo hacen, pero hay según recordó regímenes especiales (docentes, Ministerio Público, etc.) que no aportan para jubilación pero sí para salud, y son unos 200 mil, según relató.
“El IPS tiene 900 mil activos, mientras los jubilados y pensionados son unos 80.000.
Sumados al grupo familiar que también son protegidos, hay más de 1,5 millones de personas en el sistema.
Alcanzamos al 56% de la población económicamente activa”, refirió.
“Tenemos que ser sinceros y ordenar la casa”, refirió el doctor Aníbal de los Ríos, respecto de su idea de aplicar desde el IPS un examen médico anterior a la posibilidad de asegurar a los trabajadores a partir de ahora. “Tengo que saber con qué grupo de gente trato, así sabré cómo organizar mis licitaciones, las compras, los gastos; lo mismo que si estuviera en una empresa”, destacó. Frente a la polémica que se generó en torno a sus expresiones, en el programa Políticamente Yncorrecto el profesional aclaró que esa metodología ya existía en el IPS, es decir, el derecho admisional obligatorio, en época del presidente Federico Chávez. Esto le facultaba a la previsional realizar controles sorpresivos para saber si los aportantes tenían lepra, tuberculosis o sífilis. “Ahora las problemáticas son otras, como los trasplantados, los pacientes oncológicos, los que sufren accidentes de tránsito. Estamos totalmente desfasados. A fines de 2018 se dejó de hacer el derecho admisional y hasta ahora no se retomó con ese procedimiento”, agregó.
